La ratificación de Oyarbide al frente de la causa y el rechazo del planteo de Santiago Feder y Ricardo Rosental, defensores de Macri, fue firmada por los camaristas Eduardo Riggi, Raul Madueño y Ana María Figueroa, quienes advirtieron que el hecho no es tratable en Casasión porque, al no tener dictada una prisión preventiva, el mero procesamiento "no resulta equiparable a una sentencia definitiva" que pueda ser resuelta en esa instancia.

Si nada más se interpone, se prevé que llegue a su cauce el pedido de juicio oral planteado el familiar de la AMIA Sergio Burstein y Daniel Leonardo, este último cuñado de Macri, con el argumento de que fue el propio jefe de gobierno quien ordenó las escuchas en las que también están vinculados el exjefe de la Policía Metropolitana Jorge "Fino" Palacios y el exespía Ciro James, ejecutor el operativo, y el exministro de Educación porteño Mariano Narodowsky, su presunto contratista.

A través de su abogado Luis Conde, Leonardo sostiene que estos cuatro acusados fueron parte de una "asociación ilícita, violación de secretos y falsificación de documentos" de la que también participaron el juez de Misiones José Luis Rey, una secretaria judicial y un grupo de policías de esa provincia. A Narodowski se le adjudica también "defraudación a la administración".

El recurso de queja de Macri llegó al máximo tribunal penal el 10 de setiembre de 2010 y desde entonces Oyarbide esperó una decisión para elevar el caso a juicio, algo que comenzó a tramitar hace dos semanas por entender que se había agotado el "plazo razonable" en lo atinente a la resolución de los planteos de Macri. Casación tampoco trató el tema antes porque en todo ese lapso no pudo conformar una sala para abordarlo, luego que dos camaristas que antes la integraban, Liliana Catucci y Angela Ledesma, dejaron de intervenir en el caso.