"El mundo debe saberlo. Nos vamos a salir de esa Corte por dignidad", aseveró Chávez desde Puerto Cabello, estado de Carabobo, en el acto por el aniversario de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo y Día de la Armada Nacional.

El fallo de la CIDH, del viernes pasado, acusa al Estado venezolano de ser "internacionalmente responsable por la violación del derecho a la integridad personal y por los tratos inhumanos y degradantes" en perjuicio de Díaz Peña.

"Le dije al canciller Nicolás Maduro que actuemos. Venezuela se retira de la Corte y la acusamos ante el mundo de ser indigna de llevar ese nombre. Son agresiones por atrevernos a ser libres", expresó el mandatario mientras que Maduro, por su parte, manifestó que el organismo fue "más allá del límite del desprestigio y de la falta de credibilidad".

El ministro de Relaciones Exteriores sostuvo que la decisión "viola la convención de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, porque desestima todos los alegatos y pruebas presentados por la representación de Venezuela" y consideró que el fallo es "uno de los más abusivos y aberrantes" y acusó al organismo continental de estar "en la línea de complicidad con los grupos golpistas que en Venezuela pretendieron imponer una dictadura".

Díaz Peña fue señalado como autor de los atentados con bombas contra la embajada de España y el consulado de Colombia en 2003. Tras las investigaciones, Díaz fue detenido y condenado por la justicia, en abril de 2008, por los cargos de intimación pública, daños a la propiedad pública y lesiones leves, a 9 años y cuatro meses de prisión. Luego, otro juez lo dejó libre por un beneficio procesal, a pesar de que no terminó de cumplir su sentencia. El acusado viajó a Estados Unidos y presentó su caso ante la CIDH.

La CIDH informó que el caso fue presentado en noviembre de 2010, relacionado con la detención y duración del proceso de Díaz Peña, así como a las condiciones de detención, que "habrían tenido un grave impacto sobre su salud, sin que recibiera oportunamente la atención médica correspondiente".

Declaró que el Estado de Venezuela es internacionalmente responsable por la violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de Díaz Peña y concluyó que el hombre permaneció recluido del 25 de febrero de 2004 hasta el 13 de mayo de 2010 en la sede de la policía política, cuyas condiciones eran sumamente deficientes, y no recibió la asistencia médica requerida.

La Corte emitió una medida de indemnización para Díaz Peña por daños materiales e inmateriales y exigió al gobierno adoptar medidas necesarias para cambiar las condiciones de detención en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).