"Es importante permitir que el Uruguay disponga de toda la libertad y apoyo necesarios por parte del Gobierno argentino para resolver esas dudas antes de tomar nuevas decisiones que puedan ser sospechadas, como las señaladas en el informe de auditoría", apuntó la Cancillería y destacó que el Canal Martín García es un emprendimiento a cargo de la Comisión Administradora del Río de la Plata, que es un organismo binacional cuyas acciones siempre se decidieron de común acuerdo.

Las dudas planteadas por el TCR refieren a la extensión del contrato con la empresa Riovía para el mantenimiento del dragado del canal y sobre dilaciones en el proceso de licitación de parte de la Argentina para favorecer a esa empresa.

Sin embargo, ayer, la Cancillería argentina ya había comunicado que la auditoría de la prórroga del contrato había sido su propia condición impuesta para continuar los trabajos en el canal a raíz de denuncias de sobornos. Añadió que las demoras en la licitación permitieron un ahorro de 2.850.000 dólares en la negociación y son ajenas a otras especulaciones.