Sella mencionó como beneficiarias de la asistencia solicitada a las víctimas "directas y las indirectas a consecuencia del siniestro, por ejemplo las familias ante la pérdida o internación del sostén de hogar" y recordó que la Defensoría Nacional reclama la asistencia desde que acontenció la tragedia ferroviaria, el 22 de febrero en la estación Once de la línea Sarmiento.

El defensor expresó que si bien el sistema de seguridad social argentino "se estructura en base a beneficios que prevén la contingencia, en su mayor medida, de modo anticipado, no es menos cierto que ante circunstancias extremas que provocan la situación de vulnerabilidad de derechos sociales, es deber del Estado generar programas especiales".

En ese sentido, el funcionario recordó en la resolución que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 5 que "toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral y en el artículo 8 dispone la garantía del acceso a la justicia".

Ayer, los familiares de las víctimas realizaron un acto en el hall de la estación Once a nueve meses de la tragedia y reiteraron su reclamo de "justicia". Durante la conmemoración también reclamaron a los estados nacional y provincial subsidios para las "familias que han perdido su sostén".