Jueves, 20 de diciembre de 2012 | Hoy
15:25 › EL MINISTRO QUE RECIBIó PERPETUA
El presidente del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que ayer condenó a 23 acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Circuito Camps, aseguró que "las leyes establecen claramente las responsabilidades de cualquier funcionario, civil o no" y sostuvo que el cumplimiento de ese mandato "es de cada juez (...) aunque haya algunos que no están convencidos de ello".
De esta manera, Carlos Rozanski se refirió a la sentencia que recibió ayer el exministro de gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart, quien es el primer funcionario civil de alto rango condenado por delitos de lesa humanidad. "Las leyes lo permiten, pero la responsabilidad de cumplir con esos mandatos y de investigar, y en su caso condenar, es de cada juez", dijo el magistrado.
En este sentido remarcó que "aunque haya algunos magistrados que no están convencidos de eso, e incluso no están dispuestos a hacerlo, yo soy optimista en cuanto al camino de justicia en que está empeñada la sociedad argentina. Este camino es irreversible, sin distinciones ni privilegios", agregó.
Por otra parte se refirió al pedido realizado en el veredicto para desafectar las dependencias policiales donde funcionaron los centros clandestinos de detención, para convertirlas en sitios de memoria: "Eso era un largo reclamo de las víctimas y el tribunal entendió que era justo y de toda lógica, por eso lo asumió en el veredicto", explicó.
Ayer, el tribunal integrado por Rozanski, Mario Portela y Roberto Falcone condenó a la pena de prisión perpetua a 16 represores por delitos cometidos en seis centros clandestinos de detención del denominado "Circuito Camps", y también pidió que los juzgados federales investiguen la actuación de sacerdotes y la posible complicidad de funcionarios judiciales con el terrorismo de Estado.
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