Durante una conferencia de prensa brindada en Casa Rosada, Abal Medina dijo que, a través del decreto firmado por la Presidenta se instruyó "a la Agencia de Administración de Bienes del Estado para que en su carácter realice todos los actos conducentes a la toma de posesión del inmueble" y que determine las "compensaciones que pudieran resultar de la revocación dispuesta".

El jefe de Gabinete subrayó que los 30 millones de dólares pagados por el predio en su momento resultan "un precio vil" y que "representa menos de la mitad del valor determinado por el Tribunal de Tasación de la Nación".

Recordó que en esa oportunidad, "la tasación fue realizada por el Banco Hipotecario y el Banco Ciudad" y que "la venta del predio fue realizada en forma directa, evitando los mecanismos vigentes que eran concurso o licitación pública". También enfatizó que "se le concedió a la Sociedad Rural Argentina un plazo de 10 años para saldar el valor del inmueble cuando tal prerrogativa estaba prohibida".

Abal Medina además hizo referencia a la causa que tiene a su cargo el juez Sergio Torres en la que se procesó al exministro de Economía, Domingo Cavallo, y a funcionarios y a directivos de la Sociedad Rural de aquella época, por el delito de "peculado". "Los procesados sustrajeron del Estado nacional el bien, mediante la maniobra de asignarle un menor valor", dijo el jefe de Gabinete, tras lo cual agregó que "ha habido un dictamen de la Procuración de declarar la nulidad absoluta del decreto" en cuestión.