Viernes, 28 de diciembre de 2012 | Hoy
16:16 › MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA
La decisión del juez federal de Tucumán Daniel Bejas involucró a decenas de policías, militares y civiles, salvo a la expresidenta María Estela Martínez de Perón, quien firmó el decreto que autorizó ese operativo represivo del Ejército iniciado en febrero de 1975 bajo el mando de Adel Edgardo Vilas y que duró hasta principios de 1976, en manos de Antonio Domingo Bussi.
A los 40 imputados por ese hecho se los acusa por los delitos de torturas y asesinatos de militantes políticos durante el denominado "Operativo Independencia", ocurrido antes antes del golpe cívico-militar de 1976. En un fallo de 500 fojas, Bejas procesó a los represores Jorge Rafael Videla, Mario Benjamín Menéndez y Fernando Luís Labayru.
También a los expolicías Roberto "El tuerto" Albornoz, Ricardo Oscar Sánchez, Luis Armando De Cándido. Y entre los civiles se encuentran Miguel Angel Carrasco y Carlos Alberto Diacono.
El magistrado también avanzó en la investigación de delitos sexuales cometidos contra mujeres detenidas y también violaciones a hombres que estaban ilegalmente detenidos en centros clandestinos de detención.
Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, durante el Operativo Indepedencia "fueron sistemáticos los secuestros, la desaparición de personas y las torturas en el primer centro clandestino de detención que funcionó en el país conocido como La Escuelita, que funcionaba en la escuela Diego de Rojas en la localidad de Famaillá.
La acusación de la fiscalía explica que el operativo "consistió en la intervención masiva de las fuerzas armadas y de seguridad en un plan sistemático de exterminio de opositores políticos mediante la utilización del aparato estatal y de control social a través del terror".
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.