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La presentación del gobierno nacional se produjo luego que la semana pasada la sala de feria de la Cámara aceptara una medida cautelar que favoreció a la Sociedad Rural Argentina (SRA) y bloqueara el cumplimiento del decreto presidencial 2552.

Esa resolución del gobierno declaró la "nulidad insalvable" de la venta del predio por un decreto presidencial de 1991 que fijó un "precio vil" de 30 millones de dólares en cuotas, mientras que una pericia ordenada por la Corte Suprema en el 2009 evaluó su valor en 138 millones. A raíz de ese ilícito, el juez federal Sergio Torres procesó en el 2010 al ex ministro de economía Domingo Cavallo y a los directivos de la Rural.

La Cámara Civil y Comercial federal sostuvo que aun cuando hubiera habido irregularidades, el Gobierno debería haber gestionado la anulación por la vía judicial y no por la del decreto. También sostuvo que el predio de 14 hectáreas, es propiedad de la SRA por lo que "el Estado Nacional carecería, en principio, de legitimación para intentar recuperar un bien que vendió hace más de veinte años, por un acto unilateral".

En su presentación la Jefatura de Gabinete reclamó que la causa pase al fuero al Contencioso Administrativo Federal, calificado en el escrito como el "fuero natural" que habitualmente entiende en las causas que involucran a los actos del Estado.

La sala I de la Cámara, integrada por De las Carreras y la camarista Susana Najurieta, es la que el pasado 6 de diciembre extendió la cautelar que mantiene frenada la aplicación de la Ley de Medios para el Grupo Clarín. En esta causa, el Gobierno recusó a varios de los camaristas por no haberse excusado de fallar luego de haber participado en un evento en Miami financiado por Cablevisión, una empresa del mismo multimedios.

En la nueva recusación, el escrito de la Jefatura de Gabinete expone "irregularidades" en la forma en que se designaron las subrogancias en el fuero para fallar en esta causa. La incompetencia del fuero Civil y Comercial federal fue enunciada días atrás por el ministro de Justicia, Julio Alak, quien sostuvo que el expediente radicado en ese fuero se refería a las diferencias económicas surgidas entre el Estado nacional y la Sociedad Rural por la venta, mientras que lo que ahora está en juego es la validez de un decreto presidencial.