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La Afsca presentó el amparo contra la clausura de las antenas

Tal como se había anticipado, el organismo que encabeza Martín Sabbatella hizo la presentación ante la justicia federal cordobesa para que el gobierno de José Manuel de la Sota "cese las medidas arbitrarias y la actitud desmesurada" tras haber clausurado los transmisores de la Televisión Digital Abierta (TDA) en Río Cuarto, Leones y Villa María. El juez Alejandro Sánchez Freyte consideró "admisible" la presentación y "corrió vista" a la fiscalía para que opine sobre el planteo.

Una medida de ese tipo "lesiona el derecho a la información de miles y miles de cordobeses y cordobesas", aseguró Sabbatella, acompañado por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, la titular de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Carolina Scotto y legisladores nacionales.

"Hemos radicado una denuncia ante los tribunales locales, pidiendo que ponga un freno a esta medida discriminatoria del gobernador De la Sota, que básicamente lo que hace es un acto de censura, de profundo ataque a la libertad de expresión", porque "al clausurar las antenas de TDA, no les permite a miles de cordobeses acceder a los medios en forma gratuita", fundamentó el funcionario.

Además, consideró que si bien "De la Sota puede tener la posición política que quiera", pero eso no le da la potestad de "tener de rehén a la sociedad cordobesa". En este sentido, rechazó los supuestos problemas técnico-ambientales por los que el Ejecutivo mediterráneo clausuró las antenas y aseguró que "el Ministerio de Planificación cumplió con todos los requisitos que pidió Córdoba".

"Hay una clara decisión política de censura vinculada a su posicionamiento político, y a su vez un ataque al desarrollo industrial de su propia provincia, porque muchos de los insumos de TDA se producen en Córdoba", añadió y volvió a criticar al mandatario cordobés: "Está enceguecido por su posicionamiento político y no tiene límites en los pasos que está dando".

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Sabbatella afirmó que las medidas dispuestas por el gobierno de De la Sota "dejan a los cordobeses y cordobesas como rehenes del servicio de cable pago” y "atentan contra las empresas y los trabajadores del sector".
 
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