El fallo de Griesa que revisará la Cámara, estableció que Argentina debe pagarle a los fondos buitre 1300 millones de dólares en efectivo y en un solo pago a los fondos NML y Aurelius Capital Management, que pretenden que la Cámara -cuya intervención dejó suspendido el pago- deje firme esa sentencia.

La estrategia argentina consistió en dejar abierta la posibilidad de encarar una nueva apertura del canje de deuda, en el caso de que la Cámara de Apelaciones resuelva que los fondos buitre deben ingresar en dicho canje. De llegar a ser éste el caso, el Congreso argentino debería realizar una nueva modificación a la ley cerrojo.

El viernes pasado los querellantes rechazaron esta propuesta por considerar que los títulos no tienen cláusulas de acción colectiva, por lo cuál no se les puede obligar a aceptar un swap aunque el 98 por ciento lo haya suscripto.