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A partir de mañana se inicia una cuenta regresiva de cinco días hábiles, ya que el viernes 29 de marzo vence el plazo para que el país presente ante la Corte de Apelaciones una oferta para la deuda en default, según el pedido girado al país el pasado 29 de febrero por ese tribunal.

Pese a que el equipo económico que comanda Hernán Lorenzino se encuentra trabajando en pleno hermetismo con la propuesta argentina, han dejado en claro que cualquier solución propuesta no será mejor a la efectuada a los bonistas que ingresaron a los canjes de la deuda en 2005 y 2010.

El pasado 27 de febrero, el Gobierno expresó la posición argentina a través del abogado representante del país, Jonathan Blackman, del Estudio Cleary Gottlieb, y en presencia del vicepresidente Amado Boudou y Lorenzino. Allí el letrado dijo que Argentina "no podría obedecer voluntariamente" un pedido de la Corte que implique pagarle más a los fondos buitre que al resto, o que involucre el pago de los fondos destinados para los bonistas que ingresaron a los mencionados canjes. Esto es porque una decisión de ese tipo violaría la legislación nacional, y porque afectaría a los bonistas que ingresaron de manera voluntaria.

Esta última postura fue reforzada por la opinión de los terceros involucrados, a los que el Tribunal compuesto por tres magistrados escuchó atentamente y le dedicó un plazo mayor al estimado para la exposición. Se trata de la posición del Bank of New York, y del Grupo de Tenedores de Bonos (EBG, por sus siglas en inglés), que representa al 93 por ciento de la deuda en default del 2001, por la cual se ofreció la restructuración de la deuda.

La audiencia fue convocada luego que en noviembre último el juez Thomas Griessa determinara que los fondos buitre podían cobrar el 100 por ciento de los títulos en default que tienen en su poder -alrededor de 1.300 millones de dólares- en un sólo pago, con los recursos del cupón atado al PBI que se pagaron en diciembre último a los acreedores. Esta medida quedó en suspenso a partir de una decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York, que ahora se encuentra abocada a analizar una fórmula de pago para los holdouts.