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Carlotto aseguró que "en Argentina se juzga a genocidas porque se decidió escuchar, no sólo a los sobrevivientes, sino a un pueblo", y resaltó que "eso pasó hace diez años, cuando un presidente como Néstor Kirchner decidió que la impunidad no iba a ser eterna y que para reconstruir una país había que reconocer la lucha del pueblo".

Resaltó el hecho de "haber avanzando en la responsabilidad civil y lo hecho por empresas como Loma Negra, diario La Nueva Provincia y Pedro Blaquier, que fue procesado por Ledesma". Agregó que "la justicia empieza a reconocer la participación civil, e insistimos -al igual que hace un año- en que los grupos económicos también fueron la dictadura", indicó Carlotto, al tiempo que pidió "avanzar" en la investigación por lo hecho por empresas como Mercedes Benz, Fiat, Techint, Macri, La Nación, Clarín, Ledesma o la Sociedad Rural Argentina, entre otras.

El documento fue leído por integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, H.I.J.O.S y Familiares y Hermanos de Detenidos y Desaparecidos. En él, expresaron que el 24 de marzo de 1976 fue "un intento más para detener las luchas populares" que "inauguró un período de terror y exterminio".

"Hoy reivindicamos con todo nuestro amor a esas primeras madres que fueron secuestradas por el grupo de tareas de la ESMA, entregadas por el genocida Alfredo Astiz", rememoraron. Se destacó que más de 1200 genocidas ya fueron condenados, pero se recordó que "la mayor parte de los fallos aún no está firme y eso nos preocupa".

"Exigimos que el poder judicial, desde sus instancias de Casación y de la Corte confirmen los veredictos con mayor celeridad", agrega el documento. "Hay genocidas condenados, incluso a perpetua, que continúan entre nosotros porque los jueces los dejan sueltos hasta que se confirme el fallo, tramite que puede llevar hasta años", aseguraron.

También se pidió "exigimos una respuesta sobre qué pasó con los compañeros Silvia Suppo y Jorge Julio López" y "el cese inmediado de la violencia empresarial e institucional que hostiga, reprime y mata a los pueblos originarios". Además se apuntó al juzgamiento de los crímenes de la Triple A.

"Por una Justicia Democrática, basta de Corporación Judicial” fue la consigna bajo la que se movilizaron los organismos de derechos humanos, por lo que las críticas al Poder Judicial también se expresaron en el documento. "Llegó la hora de gritar muy fuerte que el tiempo de las corporaciones se terminó, que empiece a ser un poder que nos represente a todos", manifestaron.

En ese sentido, se sumaron pedidos por la Ley de medios y por la próxima sentencia en el juicio por el asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra. "Perpetua a Pedraza", se pidió, para luego recordar también al ex gobernador neuquino Jorge Sobisch por el crimen del maestro Carlos Fuentealba y al expresidente Eduardo Duhalde por las muertes de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.

Reclamaron una reforma en las instituciones de seguridad. "Las cárceles y comisarías tienen que dejar de ser centros de tortura y asesinatos", expresó el documento, que reclamó por las desapariciones de Luciano Arruga en Lomas del Mirador y de Facundo Rivera Alegre en Córdoba. Además, se incluyó un pedido por el esclarecimiento del espionaje de Gendarmería a militantes sociales.

Se recordó también al fallecido presidente venezolano Hugo Chávez: "Cuando decimos Patria Grande no podemos dejar de pensar en el compañero Hugo Chávez", dijeron. Carlotto luego destacó que "no nos han vencido, porque estamos acá" y que "los 30 mil están acá, acá y en todas partes".

"Luchaban por un proyecto de país para todos, pero la dictadura cívico-militar se impuso para instalar un plan económico, político y social de exclusión", remarcó, y manifestó que "ya tenemos las banderas de los 30 mil desaparecidos en las manos, les pedimos que las cuidemos, las defendamos, las abriguemos, las abracemos y, por sobre todas las cosas, las llevemos juntos a la victoria".