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La manifestación comenzó pasadas las 17.30 en inmediaciones al Juzgado Federal 1, ubicado en la intersección de las calles Alsina y Lamadrid. Allí, Néstor Alende, integrante de la Comisión, aseguró que "no sorprende" la resolución del magistrado y agregó: "Compartimos los dichos de los fiscales, actuó con parcialidad porque había suficientes elementos probatorios de casi 30 años". "La Nueva Provincia tuvo gran responsabilidad en los crímenes de Lesa Humanidad en esta ciudad y de los obreros Heinrich y Loyola", sentenció.

El referente de la Comisión expresó además que "esta justicia bahiense, salvo excepciones como el ex juez (Luis) Alberto Cotter y el fiscal (Hugo) Cañón, se ha manifestado de esta manera, ha cajoneado causas para beneficiar a los represores".

La unidad fiscal que investiga delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca pidió el viernes pasado la detención del director de La Nueva Provincia por su rol en los crímenes cometidos durante la dictadura. Para los fiscales, La Nueva Provincia tuvo una “participación criminal concreta y específica” que “se disfrazó bajo el ropaje de la actividad periodística”.

Sin embargo, el magistrado federal subrogante Santiago Martínez consideró que las “relaciones remotas” de los Massot con autoridades militares, jefes de centros clandestinos y torturadores “resulta insuficiente para atribuir conocimiento efectivo” de los delitos. Por eso rechazó “por el momento” el pedido de detención de Massot y del exjefe de redacción de La Nueva Provincia, Mario Gabrielli.

Según la Comisión de Apoyo de los Juicios, "el juez, pese a la importante prueba acumulada en más de 30 años y de testimonios, no encuentra fundamentos para indagar a los que sin duda son los instigadores civiles de los crímenes de lesa humanidad". Recordó además que "fue un tribunal con jueces ajenos al poder judicial bahiense el que, tras escuchar testimonios durante quince meses de audiencias, ordenó en su sentencia profundizar las investigaciones contra las autoridades de La Nueva Provincia y el religioso protegido por la jerarquía católica".

Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola eran obreros gráficos del diario bahiense y dirigentes del Sindicato de Artes Gráficas de Bahía Blanca y fueron secuestrados el 30 de junio de 1976 y sus cuerpos maniatados, con signos de torturas y numerosos disparos, aparecieron el 4 de julio de ese año en la Cueva de los Leones, sobre la ruta nacional 33 y a 17 kilómetros de Bahía Blanca.

Los crímenes de los dos trabajadores gráficos forman parte de la causa 04/07 que investiga los crímenes cometidos en jurisdicción de la Armada Argentina durante la dictadura militar.