May explicó que aunque conocía la operación no participó de la decisión que tomó la policía de interrogar al joven durante nueve horas en el aeropuerto de Londres bajo el amparo de la ley antiterrorista. Miranda, quien vive con el periodista Glenn Greenwald en Brasil, había viajado a Berlín para llevarle documentos a Laura Poitras, la documentalista que recibió en primera instancia, junto a Greenwald los informes secretos filtrados por Snowden.

"Vivimos en un país en el que las decisiones sobre la detención de alguien no me corresponden a mí como ministra de Interior, sino a la policía. Es absolutamente adecuado que tengan independencia operacional y espero que siga siendo así", indicó la funcionaria. Pero reconoció: "Fui informada con antelación de que existía la posibilidad de una detención aeroportuaria de la misma clase que la que se produjo".

La responsable del Home Office argumentó que "si se cree que alguien posee información sensible robada que podría ayudar a terroristas, lo que a su vez podría llevar a pérdida de vidas, entonces es correcto que la policía actúe. Eso es lo que la ley les permite hacer". La ministra de Interior señaló además que "al contrario de lo que se ha publicado, al hombre se le ofreció representación legal mientras se le examinaba y un abogado estuvo presente".

Miranda anunció que estudia ejercer acciones legales contra el Reino Unido por una retención que considera "ilegal". Los abogados de Miranda han remitido un escrito tanto a May como al comisario jefe de la policía de Londres, Bernard Hogan-Howe, en el que advierten de que van a emprender medidas.

La firma de abogados londinense Bindmans, que representa a Miranda, trata de obtener una orden oficial para evitar cualquier "inspección, copia, divulgación, distribución o interferencia" de la información que guardaba su cliente en los aparatos electrónicos que le fueron confiscados durante su retención.