El fallo, que acepta los argumentos del ministro instructor Sergio Muñoz Gajardo, fue adoptado de forma unánime por los ministros de la Segunda Sala del Máximo Tribunal chileno Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Guillermo Silva. Los jueces rechazaron el argumento de la defensa de Romano que invocaba "la aplicación y respeto del principio de reciprocidad" para denegar la extradición en virtud del asilo político otorgado por el Estado argentino al exguerrillero chileno Galvarino Apablaza Guerra, solicitado en su país en la causa por el asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991.

Los magistrados remarcaron que "la entrega de un sujeto por un Estado a otro (...) no es un asunto que pueda entenderse reducido a una sola tarea jurisdiccional o a la responsabilidad política del gobernante de turno". Hicieron hincapié en que cuando se trata de "hechos que pueden ser calificados como delitos de lesa humanidad existe un compromiso a nivel internacional de los Estados involucrados" para, entre otras cuestiones, impulsar "la investigación y sanción de aquellos ilícitos”.

"Es necesario poner atención en los principios y obligaciones de valor superior que involucran el respeto y protección de los derechos fundamentales de las personas que incluyen la sanción del genocidio y de los delitos de lesa humanidad", agrega el fallo, y recuerda las "obligaciones de rango superior contraídas por el Estado Chileno a través de los tratados internacionales que ha suscrito y que se ha obligado a respetar y de cuyo incumplimiento deriva responsabilidad internacional". Romano está acusado por 34 delitos de privación ilegítima de libertad, con desaparición forzada de personas; 26 delitos de privaciones ilegítimas de libertad; 36 delitos de tortura, un delito de allanamiento ilegal y un delito de denegación de justicia, de acuerdo al artículo 274 del Código Penal argentino.

Entre enero y febrero de 2012, el exjuez mendocino, quien permanece en Chile bajo la figura de "arraigo" y con detención domiciliaria nocturna, fue sometido a extensos interrogatorios a cargo del entonces ministro de la Corte Adalís Oyarzún, quien instruyó el proceso de extradición en su contra desde un comienzo, y luego fue el juez Sergio Muñoz quien se hizo cargo de la causa de extradición, aprobada por la Segunda Sala. Ahora el expediente será remitido al juez titular del caso, quien deberá dictar el "cúmplase" para permitir a las autoridades chilenas entregar a Otilio Romano a sus pares argentinas.