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El proceso judicial es el segundo por lesa humanidad que tuvo lugar en esa provincia, se extendió durante cinco meses y prestaron declaración más de 50 testigos. El Tribunal del Juzgado Oral Federal, integrado por Juan Carlos Reynaga, Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Eduardo Casas, quien propuso una pena de 16 años para los exmilitares.

Según los testimonios que pasaron por el juicio, Carrizo Salvadores “dio la orden del operativo” porque los guerrilleros “eran unos delincuentes que había que matarlos a todos, y si era posible traerlos en la punta del sable bayoneta y dejarlos ahí”. Él era la persona “a la que había que darle toda la información de lo que sucedía. Mario Nakagama era subteniente y fue la persona que hizo el patrullaje y localizó a los guerrilleros. Y Jorge Acosta fue uno de los jefes operativos y también fue torturador en La Perla, por lo que tiene dos condenas a perpetua en Córdoba.

Carrizo Salvadores y Nakagama continuarán en prisión en el Servicio Penitenciario de Miralores, en Catamarca, y Acosta lo deberá hacer en el Servicio Penitenciario de la localidad de Bower de Córdoba.

En la resolución, se dispuso además la inhabilitación absoluta y perpetua de los sentenciados, y se fijó para el miércoles 6 de noviembre a las 12 la audiencia para la lectura de los fundamentos.

El hecho ocurrió en la quebrada de "Los Walther", en adyacencias a Capilla del Rosario, a unos 20 kilómetros al norte de la capital. Allí fueron fusilados Mario Héctor Lescano, Juan de Olivera (alias) Héctor Moreno, Rogelio Gutiérrez, José María Molina, Luis Santiago Billinger, Carlos María Anabia, Raúl Eduardo Sainz, Juan Carlos Lescano, Luis Roque Lopez, Silverio Pedro Orbano, Roberto Domingo Jerez, Rutilio Dardo Betancour Roth, Alberto Rosalez y Hugo Enrique Caccivilliani Caligari.

Los militantes formaban parte de un grupo que intentó copar el Regimiento Aerotransportado 17 de ésta ciudad, pero fueron sorprendidos por la policía. Algunos fueron detenidos, otros pudieron escapar y el grupo que fue cercado en Capilla del Rosario, luego de entregar sus armas, fue ejecutado por las fuerzas del ejército.

La búsqueda de justicia por este hecho se inició en 2004, a pedido de organismos de Derechos Humanos de Catamarca y Córdoba, que reclamaron conocer la identidad de los NN que habían sido enterrados en el cementerio local.