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En la reunión de los senadores oficialistas de la comisión de Relaciones Exteriores se recibió, en primer turno, a los familiares de Hernán Pérez Orsi y de Camila Speziali, los dos argentinos integrantes del grupo de ambientalistas detenidos por "piratería" por protestar contra la extracción de petroleo en el Mar Ártico.

En la encuentro, realizada en el Salón Gris y encabezada por Filmus y el senador Marcelo Guinle, estuvieron presentes Néstor Speziali, padre de Camila, y a Margarita Malig, esposa de Hernán, además de Beatriz Orsi y María Luz Pérez Orsi, su madre y hermana, a quienes el titular de la comisión les comunicó que la delegación de legisladores que participan en Suiza de la reunión de la Unión Interparlamentaria Mundial, expresaron inquietud a sus pares rusos por la situación de los argentinos.

La delegación interparlamentaria, integrada por el senador socialista Rubén Giustiniani y las diputadas kirchneristas Mara Brawer y Claudia Giaccone, se entrevistó con una diputada socialista rusa a la que pidieron por las condiciones de detención de Speziali y Pérez Orsi. "Los legisladores rusos hablan de la independencia de la justicia y de que iban a interceder para que mientras se desarrolla el juicio puedan salir en libertad", explicó Filmus a los familiares.

De todas formas, la familia de Speziali y Orsi indicaron que pudieron comunicarse por teléfono con ellos y que están en buenas condiciones de detención y "no pasan frío", pero aclararon que para ir a visitarlos esperarán que se les conceda un régimen de visitas porque en principio.

Cuando se retiraron los familiares de los ambientalistas, y tras acordarse la presentación del proyecto de declaración, ingresaron al Salón Gris los senadores Pedro Guastavino y Elsa Ruiz Díaz, del FPV de Entre Ríos, a los que en pocos minutos se les ratificó la iniciativa de poner a consideración otro proyecto de declaración en relación a la exBotnia.

"No podemos aceptar una solución unilateral", resaltó Filmus y en la declaración se expresa que la autorización dada por el gobierno uruguayo a la empresa "afecta la soberanía ambiental de la República Argentina, además de violar los tratados entre ambas naciones y la propia sentencia de la Corte Internacional de La Haya".