La decisión fue tomada por la jueza de Conciliación de 4º Nominación de Córdoba, Graciela Escudero de Fernández, quien exigió, "en especial, la realización del correspondiente estudio de impacto ambiental (sobre la planta), preservando el derecho a información de todos los ciudadanos".

El fallo señala que se deberá realizar una audiencia pública "a fin de evaluar adecuadamente los riesgos y consecuencias que trae consigo el funcionamiento de la planta en el municipio, en procura de la defensa del ambiente y de los recursos hídricos de la provincia".

La planta que Monsanto levanta en esa localidad movilizó a los vecinos a reclamar una consulta popular sobre su instalación y exigir estudios de impacto ambiental. Durante una manifestación a fines de septiembre, dos ambientalistas fueron detenidas, cuando impedían el ingreso al predio de la empresa y se negaron a ser desalojados por la policía.

A mediados de año el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) cordobés ratificó que Monsanto puede seguir con la construcción de la obra, en un predio de 27 hectáreas sobre la ruta provincial A 188, aunque no con la puesta en funcionamiento de la planta, que dependerá de los estudios de impacto ambiental.