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El primer corte, de media calzada, se produjo en la ruta A-88, en inmediaciones del lugar donde se está construyendo la planta de secado de maíz, en Malvinas Argentinas, municipio ubicado a unos 12 kilómetros de la capital cordobesa. "Reclamamos la nulidad de los anteproyectos aprobados por la Secretaría de Medio Ambiente a favor de Monsanto porque no se conformó debidamente la Comisión Técnica Interdisciplinaria (CTI), como establece la ley", señaló Gastón Mazzalay, del colectivo Malvinas Lucha por la Vida.

El dirigente precisó que la CTI, para expedirse sobre los anteproyectos presentados por Monsanto, "debió estar conformada por un representante de cada uno de los ministerios del Poder Ejecutivo y, en cambio, se lo hizo, entre otros, con dos personas que se desempeñaban como contratadas en la Secretaría de Ambiente". "Esto demuestra que, a diferencia de lo que exige la ley, se buscó un mecanismo para facilitar la instalación de la empresa. Por eso pedimos, también, la renuncia de Bocco, a quien ya hemos denunciado penalmente", recalcó Mazzalay.

Los otros cortes se concretaron en la ruta 36 a la altura de Bouwer, a 13 kilómetros de la capital cordobesa; en la ruta 9 Norte, cerca de Juárez Celman; y en la avenida de Circunvalación, cerca del barrio San Antonio de la ciudad de Córdoba, detallaron.

Hace una semana la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente (Funam) denunció penalmente a dos funcionarios provinciales por presuntas anomalías al aprobar la construcción de la planta de la multinacional Monsanto en Malvinas Argentinas. El presidente de la Funam, Raúl Montenegro, con el patrocinio del abogado Federico Macciocchi, denunció a Bocco y a su antecesor, Raúl Costa, ante la Fiscalía de Instrucción del Distrito II.

"El aviso de proyecto fue aprobado por una CTI no solamente ilegal, sino que apenas tenía cuatro miembros, dos de planta y dos contratados, pese a que estaban evaluando el proyecto de construcción de la procesadora de semillas de maíz más grande del mundo", explicó Montenegro a la prensa. Precisó que, en los próximos días, la Funam concretará "las presentaciones administrativas y judiciales necesarias con el fin de solicitar la nulidad" de las resoluciones vinculadas con el establecimiento de Monsanto, que según consideró se concedieron de "forma ilegal e irregular".

Desde el 18 de septiembre, integrantes de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, Madres de Barrio Ituzaingó, autoconvocados y organizaciones sociales acampan en inmediaciones de la planta y bloquean el paso de camiones que intentan introducir materiales al predio. Los ambientalistas reclaman una consulta popular y un informe de impacto ambiental como pasos previos a la autorización definitiva para la radicación y funcionamiento de la planta de Monsanto.

El martes de la semana pasada, la jueza de Conciliación de 4ø Nominación, Graciela Escudero, rechazó una acción de amparo promovida por vecinos para paralizar la construcción. No obstante, la magistrada ordenó a la Municipalidad de Malvinas Argentinas que se abstenga de autorizar a Monsanto la puesta en funcionamiento de la etapa operativa de la planta, "mientras no se cumplimenten los requisitos previstos por las leyes". La empresa podrá avanzar con la obra pero no ponerla en marcha mientras "no se verifiquen todos los recaudos", en especial el estudio de impacto ambiental.