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El encuentro, que se desarrolló el jueves y el viernes en el Hotel San Ceferino, y del que participaron el titular del partido, Ernesto Sanz, los presidentes de los bloques parlamentarios, Mario Negri (Diputados) y Gerardo Morales (Senado) y la presidenta de la Convención Nacional de la UCR, Lilia Puig de Stubrin, sirvió además para que los radicales ofrecieran un gesto de unidad y una señal de fortaleza partidaria, en el marco de las incipientes negociaciones con otras fuerzas del espacio no peronista en pos de lograr un acuerdo electoral para el 2015.

Durante las dos jornadas de debate, los radicales analizaron la coyuntura política, social y económica del país y las principales iniciativas que el partido llevará al Congreso en el próximo período de sesiones ordinarias, que se inicia el 1 de marzo. Seguridad, narcotráfico, inflación, institucionalidad, federalismo, producción y calidad educativa son algunos de los temas de la agenda parlamentaria que la UCR, como principal fuerza de oposición en el Parlamento, aspira a articular con sus potenciales socios del Frente Amplio Progresista (FAP), la Coalición Cívica (CC) y Proyecto Sur.

Tras el cónclave, Sanz aseguró que la UCR tiene un rol "central" en la conformación de un armado no peronista y aseguró que su partido definirá las candidaturas en las Primarias. "La UCR tiene la responsabilidad fundamental de constituir junto a otras fuerzas un espacio común alternativo", resaltó Sanz, flanqueado por Negri y Morales, al tiempo que adelantó que el futuro armado será presentado en sociedad en los próximos 60 días, "para que todo el mundo se entere que hay una espacio común progresista".

A su turno, Morales y Negri explicaron los principales ejes de la estrategia parlamentaria del partido y anticiparon que la UCR impulsará una convocatoria al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y al ministro de Economía, Axel Kicillof, para que expliquen ante el Congreso las últimas medidas económicas y el nuevo Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano (IPCNu).

Los legisladores reclamaron, además, que el anteproyecto de reforma del Código Penal, en manos del Ejecutivo, sea discutido con el "mayor grado de participación y consenso" posible.