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El tribunal confirmó también el procesamiento por nuevos casos de sustracción y supresión de identidad de menores y por privación ilegal de la libertad y tormentos al excomandante de Institutos Militares, Santiago Omar Riveros. La resolución, firmada por los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero, alcanzó asímismo al exjefe del Servicio de Clínica Médica del hospital de la guarnición militar, Raúl Eugenio Martín.

En respuesta a las defensas de los acusados, quienes argumentaron que ya habían sido procesados en la causa del "Plan sistemático de robo de bebés", implementado entre marzo de 1976 y diciembre de 1983, la Cámara recordó que en este caso se los responsabiliza por otros casos puntuales, con distintas víctimas. "Todos los casos -acotó el tribunal- obedecían a una misma metodología en cuanto a cómo debía procederse ante las embarazadas detenidas, los nacimientos en cautiverio y los menores sustraídos, todo ello para asegurar que, finalmente, llegasen a mano de determinados matrimonios, quienes los inscribían como hijos propios".

La resolución de Farah y Ballestero agrega que "en el intento desmedido de querer cortar todo rastro con la verdadera familia y callar todo reclamo, no se reconocieron límites: asesinaban, salvo excepciones, a las madres; y ello ocurría al poco tiempo de dar a luz o de ser separadas de sus hijos", y que "los padres habían corrido la misma suerte tiempo antes".

En el caso de Riveros, La Cámara afirmó que "no solo se trató de avalar lo que realizaban sus subordinados" sino de "órdenes precisas impartidas para que se procediera de un determinado modo y en busca de un resultado concreto y permanente, pues el plan original era que nunca se supiese el destino de esos niños".

Los nuevos casos por los que se confirmaron los procesamientos por privaciones ilegales de la libertad agravadas y tormentos son los de Beatriz Recchia de García, Marcela Esther Molfino de Amarilla, María Teresa Trotta, Rosa Taranto de Altamiranda, Celina Amalia Caleano, Paula Elena Ogando, María Cristina Cournour de Grandi, Ana María Lancilotto de Mena, María Eva Duarte de Aranda, Mónica Susana Masri de Roggerone y Valeria Beláustegui Herrera.

La hija de Recchia y Antonio Domingo García, recuperó su identidad el 13 de febrero de 2009; el hijo de Molfino y Guillermo Amarilla, el 15 de diciembre de 2009; la hija de Trota y Roberto Castelli, el 25 de julio de 2008, y la hija de Taranto y Horacio Antonio Altamiranda, el 29 de junio de 2007.

Los hijos de Cournour y Nicolás Grandi, de Masri y Carlos María Roggerone y de Beláustegui Herrera y Ricardo Waimberg, al igual que sus padres continúan desaparecidos. Todavía se desconoce la suerte de los hijos de Lancilotto y Domingo Mena y de Duarte y Samuel Manuel Aranda.

El 5 de julio de 2012 la Justicia reconoció formalmente la existencia del Plan Sistemático, al condenar a 50 años de reclusión, la máxima sanción prevista en la legislación nacional, al dictador Jorge Rafael Videla, y aplicar severas penas de hasta 40 años a otros represores.