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El 21 de enero de 2012, Naredo junto a su compañero Juan Carlos Moreyra decidieron dividirse para perseguir a Camfreitas y un amigo de él, de 14 años. Los oficiales habían encontrado como "sospechosos" a los adolescentes, quienes volvían a sus casas desde la plaza Boedo, de la que se habían ido para alejarse de una pelea entre dos grupos de jóvenes enfrentados.

En la intersección de Loria e Independencia, Naredo alcanzó al joven, quien recibió un balazo en la cabeza y murió cuatro dí­as después en el Hospital Ramos Mejí­a. Durante su testimonio, el policía Federal declaró que forcejeó con Camafreitas cuando intentó quitarle el arma reglamentaria --una pistola Browning 9 milí­metros-- y que en ese momento se produjo el disparo de manera "accidental". La familia de la ví­ctima no creyó en esa versión y su madre, Delia Castro, se presentó como querellante en el juicio oral y público.

En el debate, los testigos y las pericias probaron que Naredo tomó a Jon por detrás y lo forzó a agacharse, momento en que colocó su pistola, que empuñaba con bala en recámara, sin seguro y amartillada, sobre su cabeza. El disparo penetró al cráneo por la nuca, salió por la sien y se incrustó en la persiana metálica de un local a 49 centímetros del suelo, con un ángulo de 15 grados, determinaron los peritajes.

"Naredo fusiló a Jon al amparo de un fierro y una chapa, como se canta en la calle, y apretó el gatillo que el Estado puso en sus manos", precisó la abogada María del Carmen Verdú, quien explicó que los rastros hallados en la gorra que el chico llevaba puesta demostraron que el arma estaba apoyada en su cabeza.

En los alegatos, tanto la abogada de la Correpi, representante legal de la familia de la ví­ctima, como el fiscal del juicio, Ariel Yapur, solicitaron una condena a prisión perpetua para Naredo en base a esas y otras pruebas.

El TOC 23, con los votos de Héctor Magariños y Pablo Jantus y la disidencia de Javier Anzóategui, condenó al policí­a por "homicidio agravado por haber sido cometido por un integrante de una fuerza de seguridad" y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos y para portar armas. Además, el tribunal negó que continúe en libertad hasta que la sentencia quede firme ya que "no se puede descartar que la fuerza auxilie al condenado en el futuro para eludir la pena".

Según CORREPI, Naredo fue exonerado por el Ministerio de Seguridad recién cuando comenzó el juicio y estaba trabajando en la Municipalidad de La Matanza.