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La Cámara baja aprobó el texto principal del proyecto de ley por 324 votos a favor, 137 votos en contra y 2 abstenciones, aunque el documento podrá ser modificado a través de enmiendas, las cuales serán discutidas la próxima semana.

El régimen de "tercerización" del empleo se aplica en la actualidad a servicios que no tienen vínculo directo con la labor de las empresas, como limpieza, alimentación, seguridad y transporte, pero, una vez aprobada la nueva ley por el Congreso, ese régimen podrá extenderse a todas las actividades, incluidas las referentes al propósito final de la compañía.

No obstante, el proyecto de ley prevé que los empleados subcontratados tengan los mismos derechos que los funcionarios de la empresa contratante, como por ejemplo el vale de alimentación, el servicio de transporte y la atención médica.

El proyecto fue criticado por varios diputados del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), de la presidenta Dilma Rousseff, quienes alegaron que supone una "precarización" laboral y acaba con la posibilidad de ascenso de los empleados.

El puntal de la propuesta, el diputado Arthur Maia, del opositor partido Solidaridad (SD), subrayó que la legislación de la "tercerización" inyectará "seguridad jurídica" a los contratos y sostuvo que el proyecto de ley supone "una línea media capaz de atender a los trabajadores, empresarios y a la economía brasileña".

Antes de la aprobación del texto, la Central Única de los Trabajadores (CUT), la mayor fuerza sindical de Brasil, anunció una "paralización nacional" el miércoles 15 de abril contra el proyecto de ley, al considerar que supone un "ataque" contra los derechos laborales. "Vamos a cruzar los brazos y haremos el esfuerzo de ir de Estado en Estado para denunciar a los diputados que voten a favor del proyecto para que el pueblo brasileño no reelija a los traidores de la clase trabajadora", advirtió en un comunicado el presidente nacional de la CUT, Vágner Freitas.

Varios sindicatos, encabezados por la CUT, se movilizaron el martes en varias ciudades en contra del proyecto y un grupo que protestaba frente al Congreso en Brasilia fue dispersado por la Policía, que utilizó gases lacrimógenos.