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El ataque de los militares contra los jóvenes durante una manifestación contra la dictadura del entonces presidente de facto Augusto Pinochet le provocó la muerte a Rodrigo Rojas De Negri y heridas a Carmen Gloria Quintana, quien hace días fue recibida por la presidenta Michelle Bachelet durante un encuentro en el que le pidió que se levante el secreto de 50 años que se estableció a un informe sobre la tortura durante la dictadura.

Según el diario El País, de España, Pinochet “en persona ordenó que se frenaran las pesquisas para determinar la responsabilidad de los hechos ocurridos en 1986, cuando patrullas militares quemaron con gasolina a dos jóvenes que protestaban en la primera de las dos jornadas del paro nacional contra la dictadura”.

La revelación ocurrió en el marco del juicio contra los acusados por ese hecho y ante el procesamiento de otros 12 nuevos exmilitares dictados por el juez Mario Carroza. “Los documentos vinculan a Pinochet con el encubrimiento de un crimen cuya autoría militar no caben dudas”, aseguró Peter Kornbluh, responsable de la investigación.

La publicación española cita los cables en los que se indica que las maniobras para ocultar los hechos comenzaron en el hospital donde fueron trasladados los jóvenes heridos después del ataque en los que se afirma que el “director de la Posta (centro médico) obstruyó el traslado de Rojas a una clínica mejor equipada para tratarlo”.

En otro cable remitido a la Casa Blanca se consigna que “el gobierno chileno, siguiendo directivas de Pinochet, está tratando de tachar públicamente como terroristas a Rojas y Quintana, que habrían sido víctimas de sus propios cócteles molotov”.

En otro documento, la inteligencia militar estadounidense afirma que el gobierno chileno cambió “varias veces su versión sobre su implicación en la quema y posterior muerte de Rodrigo Rojas, y aparentemente ha emprendido una campaña de intimidación para presionar a los testigos”.

Por último, se menciona en otro texto que “el ministro de Justicia, Hugo Rosende Subiabre, está ejerciendo presión sobre el fiscal del Estado y los jueves para atascar y finalmente desestimar el caso por falta de pruebas” y así evitar que llegue a la Corte Suprema.