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Las FARC iniciaron el 20 de julio de 2015 un alto el fuego unilateral e indefinido que ha sido casi íntegramente cumplido, según diferentes organismos, y que ha disminuido la intensidad del conflicto armado a mínimos históricos.

Después de su alto el fuego unilateral, las FARC pidieron gestos de confianza de parte del Gobierno, un reclamo que en muchas ocasiones ha girado alrededor de las condiciones de los guerrilleros que permanecen presos.

En ese sentido, la decisión del indulto juega un papel fundamental, ya que los liberados, todos ellos acusados del delito de rebelión, deben "comprometerse a no regresar a las filas de las FARC y, en esa medida, a contribuir a la construcción de la paz", según lo recordó la la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Buena parte de esa confianza tiene su respuesta en el hecho de que el Gobierno haya autorizado que cuatro de ellos viajen a La Habana, sede de los diálogos, donde acudirán como "ciudadanos autorizados formalmente" para recibir información del contenido de los acuerdos alcanzados como preparación para su trabajo de pedagogía y difusión de los acuerdos.

De hecho, en la primera aparición pública de los indultados, sus dos voceros leyeron un comunicado en nombre del grupo en el que aseguraron que tras recobrar la libertad aspiran a convertirse en "promotores de paz".

En el acto público, Carlos Antonio Ochoa y Sandra Patricia Isaza, dos de los liberados, aseguraron en nombre de los 30 indultados que trabajarán "en una primera etapa por socializar los acuerdos de La Habana".

Su papel en esa labor no ha quedado plenamente definida, especialmente porque se han negado a responder preguntas de los periodistas hasta que todos están libres, pero recientemente algunos de los miembros de la delegación de las FARC en las negociaciones se han desplazado a Colombia con un fin parecido: dar a conocer los acuerdos entre las filas guerrilleras.