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Los ingresos de las provincias por la coparticipación de impuestos se han derrumbado en términos reales generando un profundo bache de sus cuentas. Esa merma de recursos fue provocada por la recesión y la consiguiente caída de la recaudación. El nuevo pacto fiscal presentado el martes pasado por el gobierno como una reparación no llega a cubrir el dinero que la mayoría de las provincias (excepto Santa Fe, San Luis y Córdoba, además de la Ciudad de Buenos Aires) está perdiendo por la caída de la actividad económica. La disminución real de recursos de esos distritos es de 6 a 14 por ciento, según diferentes cálculos privados. En ese pacto fiscal la Nación exige un ajuste de las cuentas provinciales para disminuir el déficit a la vez que alienta el endeudamiento. Las provincias ya se habían adelantado y se lanzaron en forma frenética a colocar títulos de deuda en pesos y en dólares para cubrir gastos corrientes de sus presupuestos, y ahora tendrán otra ventanilla de endeudamiento con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses a una tasa subsidiada del 15 por ciento anual. El macrismo ayuda de ese modo a maquillar con deuda la caída de ingresos por la recesión autoinfligida, incubando de ese modo una crisis de las cuentas provinciales que extenderá sus efectos nocivos sobre el sistema jubilatorio.

“Había una crisis latente, no estaba visible, y lo que nosotros hicimos fue para evitar una megacrisis como las de 1989 o el 2001”, afirmó el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, en una entrevista radial. La categoría “crisis no visible” es un aporte más de creatividad analítica del macrismo para confundir la interpretación de los problemas económicos en estos pocos meses de gestión de gobierno. El libreto mediático diario del discurso macrista distribuido entre sus funcionarios era de fácil elaboración y exposición cuando ocupaban espacios de la oposición, tarea que hoy a Peña le presenta dificultades construir. El argumento oficial es insólito: la población no podía percibir una crisis que existía, para iluminar esa oscuridad el macrismo tomó una serie de medidas para evitar una crisis mayor, y ahora hay una pero no tan grande como hubiera podido ser. Semejante desvarío sólo puede ser desplegado ante interlocutores complacientes. El desquicio del tarifazo, la recesión y el acelerado deterioro de las cuentas públicas integran un amplio combo que precipitó la presente crisis. No sólo provocaron una inmediata en esos frentes económicos, sino que están incubando otras de proporciones, como la de las deudas de las provincias. En lo que va del año, varias han emitido deuda en pesos que supera los 20 mil millones, y bajo legislación de Nueva York han sumado 5625 millones de dólares, monto que totalizaría 8300 millones en lo que queda de 2016 (ver cuadro).

La economía hasta fin del año pasado enfrentaba tensiones pero ninguna necesariamente debía conducir a una crisis como la generada por la política económica del macrismo. Uno de esos frentes era el sector externo y fiscal que el gobierno decidió abordarlo con un endeudamiento vertiginoso. Uno de los ejemplos más claro de construir una crisis donde no la había es en la deuda externa de las provincias, distritos que no emiten pesos ni dólares para pagar esos pasivos.

El endeudamiento provincial apresurado ha sido alentado por la Nación. Además de acercar recursos para aliviar sus cuentas por la asfixia inicial instrumentada por el gobierno central con el objetivo de disciplinar gobernadores, esos dólares han abultado el stock de reservas del Banco Central. El titular del BC, Federico Sturzenegger, ha podido de esa forma disimular la caída de reservas por el aumento de la fuga de capitales. El Balance Cambiario informado por la autoridad monetaria detalla que desde la liberalización del mercado hasta fines de junio, la formación de activos externos (fuga) sumó 8010 millones de dólares.

Los dólares que ingresan al Banco Central vía deuda emitida por grandes empresas, la Nación y las provincias están saliendo en forma automática de esa misma cuenta oficial para cancelar deudas (buitres, Club de París, vencimientos de intereses de bonos) y para financiar el revitalizado proceso de fuga de capitales.

Coparticipación

El fallo de la Corte obligó a la Nación a suspender la detracción del 15 por ciento de la masa coparticipable destinada a la Anses, limitando dicho beneficio a las provincias litigantes (Córdoba, San Luis y Santa Fe). La Corte de Ricardo Lorenzetti dio así el primer paso para el desfinanciamiento del régimen previsional. En enero pasado, el gobierno elevó la participación de la CABA en los recursos coparticipables del 1,40 al 3,75 por ciento. Estos cuatro distritos son los únicos que pudieron eludir la caída de ingresos en términos reales de la coparticipación.

La consultora Economía & Regiones, que fundara el hoy ministro del Interior, Rogelio Frigerio, distribuyó su último reporte acerca de la evolución de la recaudación y la distribución de recursos coparticipables. El informe señala que el mes pasado las transferencias automáticas a provincias crecieron 32,5 por ciento interanual, que implica una caída de 5,6 por ciento en términos reales, incluyendo el cumplimiento de los fallos de la Corte Suprema de la Nación y el aumento del coeficiente de participación de CABA. Eliminando dichos efectos, las transferencias crecieron apenas 23,9 por ciento interanual. Para los primeros siete meses indica que los giros acumulan 302.128 millones de pesos, 35,4 por ciento más respecto al mismo período de 2015. Como la variación de precios interanual que toma E&R es un valor subestimado, la caída en términos reales es más elevada puesto que la mayoría de los índices de inflación marcan del 42 al 45 por ciento anual. Entonces si los ingresos hubieran acompañado la evolución de los precios, las provincias deberían haber recibido por lo menos unos 20 mil millones de pesos más y hasta un máximo de 30 mil millones.

La restitución del 3 por ciento de la coparticipación, primera cuota anual de un total de 15 por ciento, suma unos 12.400 millones de pesos. El gobierno habilitó una línea de préstamo del FGS de la Anses equivalente a 6 puntos de ese 15, que acercaría otros 24.800 millones de pesos a una tasa subsidiada del 15 por ciento anual. Operación crediticia que es una pieza más de la estrategia oficial de debilitamiento del régimen de jubilaciones público, de reparto y solidaridad intergeneracional. En el mejor de los escenarios, esas sumas apenas equipararán la pérdida de recursos coparticipables por el retroceso de la recaudación en lo que va del año.

La deuda total de las provincias había reducido su peso en los últimos años, al representar el 125 por ciento de los ingresos totales provinciales en 2003 para bajar a apenas 20 por ciento en 2015. Ese proceso de desendeudamiento en línea con el mismo que se daba a nivel nacional está facilitando el actual ciclo de deuda. El deterioro fiscal de muchas provincias por la recesión y los menores recursos que reciben en términos reales, incluso luego del nuevo pacto fiscal, enciende luces de alerta que por ahora solo son disimuladas con el festival de deuda interna y externa. El documento “Los desafíos de las deudas provinciales” de Walter Agosto, publicado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, advierte que “la salida de varias jurisdicciones a los mercados internacionales para obtener financiamiento en una situación de desequilibrio fiscal generalizado, renueva la necesidad de establecer mecanismos y procedimientos explícitos para la gestión de la deuda y la autorización de nuevo endeudamiento”.

No es común en otros países de la región (Brasil, México, Colombia) permitir que los territorios subnacionales se endeuden en dólares sin restricciones. El macrismo otorgó vía libre. El reporte de la consultora MacroView de Rodolfo Santangelo, ex socio del presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, estima que a junio las provincias han vendido en el mercado cambiario unos 1700 millones de dólares de los 5625 conseguidos, y el resto lo han colocado en depósitos en bancos y comprado Letras del Tesoro.

Las provincias a diferencia de la Nación no emiten pesos para cancelar intereses y capital de la deuda, dependiendo de los ingresos propios y de los recursos de coparticipación. Esos pasivos en moneda nacional pueden ser refinanciados por la Nación, como sucedió en ocasiones pasadas. Con los nominados en dólares la situación es más complicada. La Nación puede acumular reservas en el Banco Central vía dólares provenientes del comercio internacional y también por endeudamiento. Las provincias en cambio no reciben dólares por exportaciones, y dependen exclusivamente de otras colocaciones de deuda en dólares para cancelar pasivos en esa moneda. Como se trata de provincias, los bancos internacionales exigen tasas más elevadas que las pedidas a la Nación (ver cuadro), y si el deterioro económico avanza, la tasa de interés reclamada será aún más elevada. Es un camino conocido que derivará en un salvataje de la Nación, en caso de contar con esos dólares en el Banco Central, o la declaración de la insolvencia. En términos del pensador macrista Marcos Peña, se trata de una crisis latente.

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