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Un cuarto de los conflictos laborales del mes de julio fueron por atrasos en el pago de los sueldos. El dato ilustra cuál es el clima que el segundo semestre de Cambiemos está trayendo a los lugares de trabajo: uno que poco tiene que ver con los cursos de felicidad auspiciados por el ministro Jorge Triaca. Entre los otros motivos que generaron también protestas le siguieron los despidos y suspensiones.

Así lo señala el último informe del CEPA (Centro de Economía Política Argentina) en un trabajo que tituló “Menos actividad, más conflictos”, en el que puso el foco en las respuestas que los trabajadores están dando “ante la ostensible paralización de la actividad económica”.

El contexto de esta conflictividad es conocido: el Indec informó esta semana sobre la fuerte caída que sufrió la economía al término del segundo semestre (un 4,3 por ciento en junio con respecto del mismo mes del año pasado).

Contra este fondo, aparece como novedad negra los retrasos en el pago de los sueldos, y una mayor tendencia al uso de acciones directas por parte de los afectados, especialmente el corte de calles con bloqueo a las entradas de las fábricas.

“El atraso en el pago de los sueldos está relacionado con el atraso en la cadena de pagos: las empresas están produciendo menos, vendiendo menos y cobrando menos. Al mismo tiempo, es un mecanismo de desgaste y disciplinamiento en momentos en que surgen demandas por la reapertura de las paritarias por la inflación”, indicó Hernán Letcher, director del CEPA.

El informe contabilizó 99 conflictos laborales en el mes de julio. El centro de estudios los desglosó –por sector, por actividad, por motivo, por gremio–, para ver cuáles son las respuestas sociales y sindicales ante una situación de retroceso para el conjunto de los trabajadores.

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La conflictividad sigue siendo más alta en el sector privado que en el público, como un reflejo de que la crisis de empleo –iniciada con los despidos en el Estado–, continúa centrada ahora en el ámbito empresarial.

En el sector privado se concentraron el 66,7 de las protestas. De ellas, en la industria se dieron más de la mitad (55 por ciento) y en el rubro de servicios el 36,36 por ciento.

Al interior de la industria, la rama con más conflictos fue la de Alimentos y Bebidas. También hubo conflictos en automotrices, petroleras y metalúrgicas. Se trata de actividades que han sido afectadas por la baja en el consumo interno (cayó la venta carnes rojas, leches, azúcar, productos de refinería) y por la apertura de las importaciones. En el caso de los servicios, los trabajadores de medios de comunicación lideraron en cantidad de conflictos, seguido por Servicios Públicos y Transportes.

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Si se mira el mapeo de acuerdo a sus motivos, resulta que más de la mitad (54,55 por ciento) fueron demandas salariales. Un cuarto por atrasos en el pago de los sueldos, y un porcentaje algo menor para reclamar la reapertura de las paritarias en el segundo semestre o por aumentos en general.

“Pero la problemática más discutida no es la de la suba de los salarios. Eso que advirtió al comenzar el año (el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso) Prat Gay, sobre que los gremios verían si ‘arriesgar salarios a cambio de empleo’ se está cumpliendo, porque los conflictos están más relacionados con atrasos en los pagos y despidos, que no son la reivindicación por mejorar el salario”, apuntó Letcher.

Los atrasos en el pago de los sueldos afectan tanto al sector privado como al estatal, en las provincias o municipios con mayores urgencias presupuestarias, como Jujuy, Salta y Santa Cruz (y municipios como Gral. Roca y Caleta Olivia).

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Otro tema es la falta de reacción de ciertas conducciones gremiales frente a los despidos. Hay actividades en las que se registró muy baja respuesta a pesar de haber sido muy afectadas. “En la actividad de la construcción no se registra un elevado nivel de conflictividad, siendo que ya totaliza casi 60 mil trabajadores despedidos, en virtud de la virtual paralización total desde el inicio de la nueva gestión”, sostiene el CEPA. También llamó la atención sobre “la inexistencia de conflictos laborales en el agro, cuyo principal sindicato –la UATRE– responde a Gerónimo Venegas, el dirigente sindical más próximo a Cambiemos”. Otro caso de poca respuesta es el de Comercio, gremio que lidera Armando Cavalieri, donde se registró el mayor número de despidos del sector Servicios, pero con una baja conflictividad. “Lo mismo se visualiza en gastronómicos, con ningún conflicto en julio (un comportamiento similar al constatado a lo largo del primer semestre del año)”, a pesar del cierre de restaurantes.

En cambio, el informe registró “coherencia” entre los despidos y la conflictividad en el sector automotriz y el de los trabajadores de medios de comunicación.

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Finalmente, es llamativo el aumento de las protestas callejeras “con imposibilidad de entrar a la planta” y cortes del tránsito registrada en el sector privado. “Al interior de los conflictos que acontecieron en la industria, la modalidad de corte de ruta o calle junto con la imposibilidad de acceso a planta sumaron el 44 por ciento de los conflictos”, informa el trabajo. Se trata de acciones decididas en los lugares de trabajo, es decir que dependen de los cuerpos de delegados.

Letcher agregó que, “aunque en general se está intentando bajar los costos de producción no habilitando la reapertura de las paritarias, vemos que la acción gremial, cuando es ejercida, logra ponerle un freno a los despidos y dar una respuesta a la caída del salario. Es el caso de los frigoríficos, que consiguieron un aumento del 42 por ciento. Y el de Ledesma, donde a pesar de la represión, terminaron logrando un acuerdo”.