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No fue la falta de ética, ni el peso de la incompatibilidad o el conflicto de intereses lo que pesó en la decisión que adoptó ayer el gobierno nacional, al decidir que Juan José Aranguren se desprendiera de sus acciones en Royal Dutch Shell y el presidente de la Nación lo hiciera público. Fue la necesidad de “dar una señal”, como dijo el propio Mauricio Macri, y de sacarse de encima el peso de un cuestionamiento que iba acorralando al titular de la cartera de Energía, justo en la semana en que el tarifazo gasífero debe pasar por una Audiencia Pública cargada de expectativas. Que “la señal” fue sólo eso, y no el resultado de una reflexión y un cambio de criterio del gobierno de Cambiemos sobre la cosa pública, lo demuestra el hecho de que bajo la órbita de Aranguren seguirán trabajando al menos media docena más de funcionarios de primera o segunda línea que mantienen el mismo nivel de conflicto de intereses que su jefe: tienen participaciones accionarias en empresas a las cuales deberían controlar y en las que, además, algunos de ellos han participado en cargos ejecutivos de primer nivel.

Para Mauricio Macri y su equipo, los negocios particulares y las responsabilidades públicas en la misma área no son una contradicción, y ayer lo dejó de manifiesto al explicar que su ministro de Energía fuera propietario de un activo por más de un millón de dólares en acciones de la empresa cuya filial local, además, presidió hasta hace un año. “Lo hizo por decisión propia, aunque las acciones que tenía no presentaban una posición relevante ni movía el valor de las acciones a nivel mundial, pero entiendo que el mundo de hoy se mide con señales”, casi se lamentó.

El cuestionamiento a Aranguren no es que sea un accionista poderoso de Royal Dutch Shell, ni en cuánto pueda afectar al valor de la acción de la casa matriz holandesa. El problema es que pueda beneficiar con su gestión a la filial local, Shell Argentina. Sin embargo, Macri se empeñó en poder distancia entre lo que representa ser accionista de la casa matriz y, a la vez, ser administrador de la política en el área donde se desempeña la filial. “Valoro el gesto de Aranguren, (pero) la actividad de Shell en Argentina respecto a su actividad global es irrelevante”, insistió el presidente.

Para Macri, como para el conjunto del gobierno, no hay conflicto de intereses ni incompatibilidad. La decisión de Aranguren de desprenderse de sus acciones tampoco cambia el planteo general del gobierno respecto a la relación entre negocios privados y obligaciones públicas. Desde un primer momento, el grueso de los nombramientos oficiales para cargos relacionados con la cuestión económica recayó sobre figuras con funciones ejecutivas en grandes corporaciones empresarias.

En el propio Ministerio de Energía, el caso Aranguren no es el único. Los ejemplos abundan. Además del ministro, que ejerció la presidencia hasta el 30 de junio del año pasado (cinco meses antes de haber sido designado ministro), otro ex ejecutivo de primera línea, vicepresidente de Pan American Energy, José Luis Sureda, asumió como secretario de Recursos Hidrocarburíferos, en directa conexión con la labor de PAE (segundo productor nacional de petróleo). Como titular de Enargas, organismo responsable de la regulación de la distribución gasífera, se designó al hasta poco antes presidente de Metrogas, David Tezanos, que anteriormente habían desempeñado cargos gerenciales en la francesa Total (una de las mayores productoras de gas del país) y la alemana Wintershall (socia en varias concesiones petroleras). En su declaración patrimonial figuran acciones de YPF y del fondo común de inversión Santander.

Entre los funcionarios que acompañan a Aranguren en la cartera energética, además, se cuentan varios que ostentan en su patrimonio participaciones accionarias en empresas que se desempeñan en esa actividad o se encuentran directamente ligadas a ella. Es el caso de Marcos Porteau, secretario de Exploración y Producción, que posee acciones de la ya mencionada firma Total, precisamente dedicada a la exploración y producción de gas. El valor de esos activos asciende a 241 mil pesos, según su declaración patrimonial. Además, desempeñó cargos jerárquicos en la petrolera francesa. El monto de las acciones no representan una proporción relevante del capital de Total, como afirmó Macri respecto de la relación entre Aranguren y R.D. Shell, pero hay incompatibilidades evidentes.

Sebastián Kind es el nombre del secretario de Energías Renovables que, según su declaración jurada, cuenta en su patrimonio con acciones de dos empresas que actúan en el área que tiene a cargo: Partic Aires Renewables SA (ingeniería en energías renovables) y Participac Byknar SA de Uruguay. El ministerio ya anunció la licitación para la contratación de proyectos de energías renovables, y no se descarta que las empresas a las que se encuentra ligado Kind sean de la partida.

Con participaciones menores, aunque siempre vinculadas al área energética, figuran otros secretarios y subsecretarios en la órbita de Aranguren: Andrea Heins (subsecretaria de Ahorro y Eficiencia Energética), con acciones de Energy Performance (empresas de soluciones integrales en eficiencia energética); Jorge Marcolini (subsecretario de Energía Hidroeléctrica), con títulos de Central Puerto SA (operadora de centrales térmicas e hidroeléctricas, como Piedra del Aguila). Este funcionario acredita además acciones en dos empresas que participan en construcciones de obras hidroeléctricas: IATA SA (657 mil pesos) y TM Servicios Profesionales SA (38.918 pesos). Es, además, socio de la inmobiliaria Añelo 30-2015, radicada en el pueblo homónimo de la provincia de Neuquén en el que se está desarrollando toda la infraestructura de viviendas y servicios para quienes trabajen en el yacimiento Vaca Muerta.

Otro funcionario de la cartera de Energía que poseen títulos de empresas del sector es el subsecretario de Infraestructura Energética, Alberto Brusco (93.474 pesos entre acciones de Endesa Costanera, Metrogas, Pampa Energía, Transener y otras). Según publicó ayer el diario especializado Ambito Financiero, en su portal, también tendría intereses privados en el sector el subsecretario de Política Minera, Santiago Dondo, que desde su consultoría y estudio de abogados tiene como clientes a varias compañías energéticas.