La legislación que votó anoche la Cámara de Senadores obliga a los agentes del sistema de salud, hospitales públicos, sanatorios particulares, obras sociales y empresas de medicina prepaga a realizar estas intervenciones sin el cobro de ningún arancel.

"Los hospitales y servicios de salud no estatales merecen no estar obligadas a realizar por sí o por terceros, prácticas médicas que, como la ligadura de trompas y la vasectomía, si, de acuerdo a su ideario y convicciones se encuentran en oposición con los principios que sostienen", señaló el Comunicado.

Para fundamentar el pedido de la "objeción de conciencia institucional", los centros asistenciales agregaron que "muchas instituciones privadas de salud (hospitales clínicas, etc.) poseen un ideario, religioso o filosófico, que expone y busca transmitir integralmente su identidad institucional y convicciones, así como orientar su planeamiento estratégico y sus políticas y acciones asistenciales".

En otro párrafo, el Comunicado alude a "la objeción de conciencia individual de los médicos y directivos que se han asociado para procurar una mayor cantidad y calidad de atención médica para la población".

Según explican las instituciones, la Ley no admite que una institución pueda objetar su aplicación y "en dicho punto la Ley es inconstitucional, por lo que prevé y por lo que omite", dijeron.

"Desafortunadamente, el artículo 6 de la Ley admite la objeción de conciencia sólo para los médicos o personal auxiliar del sistema de salud, pero no la prevé para las autoridades del establecimiento asistencial público o privado y para la propia institución sanitaria privada, que están obligados a disponer los reemplazos médicos necesarios de modo inmediato, a fin de garantizar la realización de esas prácticas", agregaron.

Fuente: DYN