"Ha caído la máscara del presidente. Él necesita darse cuenta de que tiene un compromiso histórico con los movimientos sociales y con la reforma agraria", afirmó una de las coordinadoras de la entidad, Marina dos Santos, en declaraciones que publica hoy el diario Folha de Sao Paulo.

La crítica cambia las condiciones de la virtual alianza entre el MST y el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, que se mantuvo más o menos firme a lo largo de los últimos 25 años.

Entre 2003 y 2006, durante el primer mandato de Lula, el MST optó por dirigir sus críticas al comando de la economía, que fue responsabilizado de la lentitud del programa de reforma agraria del gobierno, pero ahora las protestas del MST con ocasión del llamado "Abril Rojo" están dirigidas directamente hacia el presidente.

Según Dos Santos, sin embargo, al contrario de lo que ocurrió durante el pasado gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), el MST será moderado en sus ataques al presidente: "Nadie va a pedir la cabeza de Lula, sólo queremos dialogar con él", aclaró.

Las manifestaciones con ocasión del "Abril Rojo" se realizan desde hace diez años para recordar las muertes de 19 labriegos sin tierra a manos de la policía del Estado amazónico de Pará, el 17 de abril de 1996.

Hasta ahora, las protestas incluyeron ocupaciones de 12 haciendas y tres oficinas públicas en ocho de los 27 estados brasileños, además de marchas que reúnen a miles de campesinos que se desplazan de las áreas rurales hacia los grandes centros urbanos.

Según el MST, la principal demanda de las manifestaciones de este año es el asentamiento en tierras propias de 150.000 familias campesinas que aguardan la reforma agraria instaladas en precarios campamentos en las márgenes de las carreteras brasileñas.

La entidad demanda además un cambio en la política agraria del país, destinado a favorecer la producción de alimentos por parte de cooperativas de labriegos, en lugar de conceder incentivos a la agricultura de exportación.

A juicio del MST, la política actual estimula la concentración de tierras en un país donde el dos por ciento de los propietarios rurales posee casi la mitad de las tierras privadas, mientras que por lo menos dos millones de labriegos no tienen un lugar propio para cultivar.