Las denuncias fueron presentadas ante la titular de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, Alicia Pierini, que emitió una resolución por la cual se le pidió al presidente de Telefónica de Argentina S.A. "que arbitre todos los medios para garantizar la urgente instalación del servicio de internet solicitado".

"Esta denegación muestra una actitud discriminatoria", aseveró Pierini al ser consultada por los reclamos de los vecinos.

Por su parte, la empresa Telefónica dijo que aún no recibieron la resolución mencionada, pero aseguró que "se está instalando el servicio de banda ancha normalmente" en todo el país, con foco en áreas urbanas de mayor población, como la Capital Federal y el conurbano bonaerense.

En ese marco, la oficina de prensa explicó que "el único impedimento" que puede existir para la instalación del servicio está vinculado a "la disponibilidad técnica de la central" respecto del domicilio desde donde se solicita la conexión a internet.

La primera presentación fue hecha por un hombre discapacitado de 60 años, residente en el complejo habitacional Illia, en el Bajo Flores, que pidió el servicio de internet Speedy a mediados de 2006, y que aún no cuenta con el acceso a la red.

En declaraciones, este vecino, de nombre Alfredo, afirmó que la empresa en cuestión "tiene una actitud discriminatoria por nuestro lugar de residencia y por nuestra condición económica".

"Soy discapacitado y mi contacto con el mundo es el teléfono y ahora quería internet, pero nos dicen que esta zona es peligrosa y por eso no vienen", sostuvo el vecino del complejo de viviendas ubicado entre las calles Riestra y Agustín De Vedia del Bajo Flores.

Alfredo aclaró, en tanto, que la utilización del servicio a través del sistema ADSL depende de la digitalización de la línea telefónica y señaló que la única empresa que puede efectuar este proceso en ese sector de la ciudad es Telefónica.

Por su parte, Cristina Almirón, que vive en el barrio Soldati, en Lacarra y Mariano Acosta, explicó que, ante la negativa de la empresa de instalar en su domicilio el servicio de internet, se sintió "totalmente discriminada y con mucha impotencia".

La mujer pidió el servicio en octubre del año pasado, desde cuando realiza "reclamos telefónicos cada 72 horas", según precisó, y añadió que la respuesta de los operadores que la asisten "esa que esta es una zona roja y peligrosa".

Ambas denuncias fueron recibidas en el área de Consumo, Usuarios y Administrados de la Defensoría, desde donde se elevaron dos pedidos a la empresa de comunicaciones para que se instale el servicio a los vecinos perjudicados.

Además, se comunicaron los reclamos a la titular del INADI, María José Lubertino, "para que analice la posibilidad de intervenir con el fin de determinar la posible comisión de actos de naturaleza discriminatoria por parte de la citada empresa en perjuicio de los habitantes de zonas de bajos recursos".

En tanto, se envió una copia de la resolución al director General de Defensa y Protección al Consumidor porteño, Rolando Ricardo Berón, "a efectos de instar su intervención respecto de la cuestión planteada".