"No se trata únicamente de trabajo en negro, sino de personas sometidas a explotación en situaciones de tal modo degradantes para su persona que las han convertido de facto prácticamente en cosas", afirmó Oyarbide en la resolución.

Los procesados, ciudadanos coreanos o bolivianos, son dueños o encargados de talleres textiles que funcionaban en Capital Federal.

Los locales fueron allanados y clausurados, luego de encontrarse un centenar de trabajadores sin registrar y en condiciones de explotación.

A todos los procesados se los acusó de reducción a la servidumbre e infracción a la ley de Migraciones, delitos que prevén hasta 15 años de cárcel.

Pese a que hoy recuperaron su libertad, se les fijaron embargos que en algunos casos llegaron a los cinco millones de pesos, cubiertos en parte por las maquinarias, ropas y telas secuestradas en los procedimientos.

"La mayoría de los trabajadores vivía en el mismo domicilio que los encargados del taller, que disponía la realización de ropa para terceras personas", dio por probado el juez.

Para dictar los procesamientos Oyarbide tuvo en cuenta testimonios de trabajadores que aludieron a jornadas laborales de doce horas, con "ínfimos salarios" que no llegaban "ni siquiera de cerca al límite de indigencia".

En su mayoría los trabajadores eran de nacionalidad boliviana, muchos figuraban como "turistas" y otros estaban de manera ilegal.

Para la Justicia, "las situaciones precarias de las instalaciones en la totalidad de los casos pusieron en riesgo la vida y salud" de quienes allí vivían.

Los acusados tendrán que presentarse todos los meses ante Gendarmería Nacional y deberán abstenerse de volver a realizar tareas textiles "sin antes gestionar y obtener" todas las autorizaciones y habilitaciones necesarias.

Según los denunciantes en la causa, muchos de los trabajadores "fueron traídos de sus paises de origen con la promesa de empleo y buenos salarios, incluso en dólares".

"Sin embargo, la realidad fue completamente distinta, encontrándose de pronto en un país extraño, bajo el imperio de quién los había traído o hecho traer, amenazados de ser deportados debido a su situación ilegal en el país, hacinados", recordó el magistrado.

Por esta situación, consideró, "difícilmente puedan percibir y menos aún admitir, las condiciones a los que eran sometidos, las graves faltas de higiene, de salubridad, el peligro que significa para ellos y sus familias permanecer en tales situaciones".