Así lo indicó esta mañana el abogado Marcelo Parrilli, apoderado de Patricia Walsh, hija de la víctima, quien criticó el planteo y sostuvo que "ha sido reiteradamente reconocida la posibiliad de intervenir como querellantes, a los causahabientes de víctimas de terrorismo de Estado".

El pedido efectuado al juez Sergio Torres lo realizó Blanco en representación de los represores Jorge "el Tigre" Acosta, Héctor Febres, Carlos Generoso, Jorge Radice y Ernesto Weher, conocido por el alias de "220" por su predilección por la aplicación de descargas eléctricas sobre sus víctimas.

El letrado apoderado de la legisladora electa porteña añadió que "es inaceptable pretender poner limitaciones al derecho de los familiares y de los organismos a intervenir en las causas por gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas por la última dictadura".

Parrilli sostuvo que "hay numerosos antecedentes de jueces y Tribunales que adoptaron una posición contraria" al pedido de la defensora oficial por lo que se mostró "optimista" respecto de la futura resolución de Torres.

La causa Walsh es un desprendiemiento de la megacusa de la Escuela de Mecánica de la Armada, una de las investigaciones reabiertas tras la derogación y declaración de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final.