Según documentación, el planteo fue formulado ante el juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño número dos, a cargo del magistrado Roberto Gallardo.

La acción está dirigida contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), a quienes los vecinos unas 300 familias- pidieron seguridad legal de tenencia de las tierras que ocupan.

La precaria radicación de familias en esos terrenos comenzó el 21 de Septiembre de 2006, pero en aquella oportunidad los ocupantes fueron desalojados por la Policía, que aduce que esos predios le pertenecen.

El 28 de marzo de este año, las familias que según los abogados que las representan, Julián Díaz Bardelli y Lorena Gutiérrez Villar, son ex habitantes de la Villa 20- volvieron al predio y esta vez se instalaron de manera definitiva.

Los ocupantes reclaman el cumplimiento de la Ley 1770, sancionada en agosto de 2005, por la que la Legislatura porteña afectó el predio en cuestión a la urbanización de la Villa 20.

No obstante, los abogados denunciaron que hasta el momento, ni el gobierno, ni el Instituto, llevaron adelante los trabajos establecidos.

La Justicia local ya había ordenado al gobierno porteño la desocupación del ‘cementerio’ de autos y el saneamiento del predio con destino a la urbanización de la Villa 20, pero esa medida aún no ha sido cumplida, añadieron los letrados.

La presentación judicial invoca un vasto conjunto de derechos fundamentales tales como el derecho a un nivel de vida adecuado, a una vivienda digna, a la protección contra desalojos forzosos, a la salud y al agua, todos los cuales gozan de jerarquía constitucional, sostiene el escrito, al que tuvo acceso esta agencia.

Los abogados de los ocupantes subrayaron que las viviendas levantadas son precarias en extremo y carecen de los servicios más elementales.