A raíz de esta evidencia, la Cámara Federal porteña resolvió derivar a la Justicia Federal del partido bonaerense de San Martín la causa penal abierta por "privación ilegítima de la libertad y tormentos" sufridos por más de una veintena de trabajadores de Ford durante la represión ilegal, según la resolución.

Los camaristas Gabriel Cavallo y Eduardo Farah rechazaron así una apelación que pretendía que la pesquisa se desarrollara en el ámbito de la justicia federal porteña, como hasta el momento, y la enviaron al juzgado federal 2 de San Martín donde se sustanciaron otras causas penales contra Riveros.

Según la investigación y la "hipótesis" retomada por la Cámara Federal durante la dictadura "desde un cuartel militar instalado en el quincho del campo de deportes de la firma señalada se impartían las órdenes en virtud de las cuales personal militar o de las fuerzas de seguridad secuestró a las víctimas", en sus domicilios particulares o bien dentro "de la sede donde funcionaba la planta automotriz".

Según constancias incorporadas en la investigacion y tomadas en cuenta por los camaristas el cuartel militar instalado en 1976 en la planta Ford de General Pacheco habría dependido del "Comando Zona IV" del Ejército.

"Independientemente del personal civil involucrado", reseñaron los camaristas "resulta altamente probable que los responsables de la presencia militar en la planta automotriz hayan sido el general Santiago Omar Riveros, jefe del Comando Instituto Militares, que posteriormente se conoció como zona IV y el coronel Antonio Molinari, subdirector de la escuela de ingenieros de la Guarnición Campo de Mayo".

En la causa judicial que estuvo hasta ahora a cargo del juez federal porteño Daniel Rafecas se investiga el secuestro de 22 trabajadores de Ford durante la dictadura.

El fiscal del caso, Federico Delgado, había dictaminado que la empresa fue "cómplice" y estuvo al tanto de lo ocurrido a obreros que se consideraban "molestos", por lo que pidió la declaración indagatoria de ex directivos de la época.