Barcesat justificó su iniciativa porque el artículo 57 de la Constitución local impide postularse a los ciudadanos que tengan procesamiento firme "por un delito doloso en perjuicio de la administración pública". Y vinculó este tópico con el proceso que se le inició al jefe de gobierno porteño por espionaje contra familiares de la AMIA y parte de su familia.

"Es un disparate", apuntó Montenegro, quien remarcó que "la impugnación no se puede hacer porque todavía no hay ningún candidato presentado como lista" para las elecciones del 10 de julio. "Todo esto tiene únicamente una finalidad mediática", fustigó el funcionario para quien “una cosa es cuando el voto popular designa al elegido, en ese punto la Constitución no aclara porque no puede suplir la voluntad popular".