La mujer que fue denunciada por haberse realizado un aborto –junto a las dos médicas que le brindaron la información y la medicación necesaria– estaba hacía cuatro años en pareja con un hombre que ejercía violencia sobre ella, sobre todo moral y psicológica. Nunca llegó a denunciarlo. Cuando se enteró de que estaba embarazada se desesperó e intentó interrumpir la gestación con métodos inseguros: recurrió a pastillas que adquirió en Internet. Pero no pudo. En ese contexto, su madre se preocupó y consultó a una trabajadora social que se desempeña en un centro de salud porteño. La trabajadora social precisó que durante la consulta, la mujer llevó una ecografía del embarazo y expresó su intención de interrumpirlo “debido a la situación de violencia que atravesaba con su pareja”. La trabajadora social también contó que la mujer lloraba, le costaba terminar las frases, estaba muy angustiada, y que “había notado ciertos indicadores” de la violencia que su pareja ejercería en su contra: “A saber, controles de llamadas o de su espacio de trabajo, situaciones de zamarreo o descalificaciones verbales permanentes, y aislamiento provocado contra ella en relación a sus amistades o núcleo familiar”.

Ese día la pareja violenta la acompañó al centro de salud y la esperó afuera hasta que empezó a golpear la puerta con insistencia y la mujer pidió que lo dejaran pasar. La trabajadora social declaró en la causa como testigo y contó que cuando le explicaron que tenía derecho a acceder a la interrupción legal del embarazo, el hombre se violentó hasta que le pidieron que se fuese. Consta en la historia clínica que su relato fue evaluado por el equipo; que se consideró que la mujer se encontraba comprendida dentro de las disposiciones del artículo 86 inciso 2° del Código Penal (embarazo producto de violación o abuso sexual) y que se encontraba justificada a interrumpir el embarazo”.

La mujer se fue con la información y la medicación necesaria para realizarse el aborto en su casa (pastillas de Oxaprost). Se la dieron dos médicas. Pero al enterarse su pareja, le quitó el blister. La mujer concurrió sola en una segunda oportunidad al mismo centro de salud y “se le volvió a entregar la misma medicación que se le había dado la primera vez, dado que persistía en su intención de interrumpir el embarazo”, declaró la trabajadora social. Días después, la mujer se comunicó para informar que había interrumpido el embarazo.

Al enterarse, su pareja decidió cortar la relación y denunciarla a ella y a las dos médicas.