En la comunidad universitaria nacional, la mayoría de los sectores están a favor de la derogación de la actual Ley de Educación Superior, aunque existen matices y enfrentamientos en cuanto a las líneas que deberían ser ejes de la futura norma. Aquí, las posiciones al interior del movimiento estudiantil y los gremios docentes.

- FUA. “Si la ley la van a elaborar sólo los legisladores, como en los ’90, vamos mal –dijo a este diario el presidente de la Federación Universitaria Argentina, Mariano Marquínez, de Franja Morada–. La nueva ley tiene que ser el resultado de la deliberación de los diferentes sectores universitarios: estudiantes, docentes y no docentes, y debe ser consensuada con la sociedad. Estamos dispuestos a discutir y a proponer las necesidades del sector estudiantil. Pero esto no tiene que ser una excusa para atacar la autonomía.”

- FUA II. “Estamos de acuerdo en la derogación de la ley –contó Sebastián Tapia Jácamo, secretario general de la FUA, de filiación kirchnerista–. Pero entendemos que la ley por sí sola no va a resolver la crisis universitaria. Tiene que ser la sociedad de cada región la que defina de qué forma la universidad le devuelve la inversión que hace en ella. Si la autonomía hace que la universidad se desvincule del pueblo, quiere decir que no sirve. El problema es que la universidad está conducida por un sistema conservador que se aleja cada vez más de la sociedad.”

- FUBA. “Esto es una estafa. Detrás de determinadas ramas de la producción están puestas las expectativas del Gobierno con la futura ley –dijo Cristian Henkel (PO), copresidente Federación Universitaria de Buenos Aires–. Por ejemplo en la UBA se han triplicado las pasantías y se han difundido prácticas pre profesionales sin remuneración, es decir que este proceso productivo lo que plantea sobre la universidad es mano de obra capacitada barata o gratuita para determinadas empresas.”

- Docentes. Los tres gremios del sector, Conadu y Conadu Histórica (ambas de la CTA) y Fedun (de la CGT) coinciden en que la nueva ley garantice un presupuesto adecuado, así como una carrera docente que dé mayor estabilidad a los profesores. También sostienen –con diferencias entre sí– que el sistema de evaluación y acreditación, que hoy se realiza a través de la Coneau, debe cambiarse hacia un proceso de autoevaluación, con mayor presencia académica entre sus integrantes.