Soy mamá de una niña de 5 años. Ella tiene una discapacidad motora a causa de una mala praxis realizada por los médicos durante el parto. El 10 de abril iniciamos una acción de amparo contra la obra social UP (Unión Personal) ya que nos negaron un andador ortopédico que ella requiere para poder estar parada, ejercitar sus piernas e intentar dar sus primeros pasitos. También decidieron que no cubrirían los gastos de su escolaridad, puesto que la familia y los diversos profesionales que se ocupan de la rehabilitación de mi hija decidimos que hiciera su experiencia en un jardín común con integración, que creemos fundamental para permitirle la igualdad de posibilidades para participar y desarrollarse. Al día de hoy aún no hemos obtenido respuesta, aunque la ley dice que el recurso de amparo es inmediato y que el juez debe ordenar que la obra social inicie la cobertura de lo que se pide en un término de 10 a 15 días después de haberlo iniciado. El expediente se tramita ante el Juzgado Nacional de 1ª Instancia Nº 3, Secretaría Nº 5, a cargo del Dr. Roberto Raúl Torti, en la calle Libertad 731, 4º piso. También estamos esperando que la obra social definitivamente se acoja a la Ley de Discapacidad, puesto que llevamos tres años realizando anualmente una acción de amparo judicial, como única manera de velar por los derechos de la niña. En los cinco años de vida de mi hija, ya llevamos tres amparos. Uno puede hacer una proyección de lo que seguirá ocurriendo si el Estado no interviene frente al incumplimiento reiterado de la ley. Ser papás de un niño con discapacidad motora demanda mayor cantidad de tiempo, mayor atención en cuanto a las necesidades y a su autonomía. A pesar de ello, pareciera que se apela al desgaste, porque ¿quién? puede sostener la realización –año tras año– de un amparo a causa de reiterados incumplimientos de la misma obra social? ¿Y cómo es posible que el Estado no los multe o se haga el distraído, concediéndole meses para el cumplimiento de la ley?

Paola Balboa de David

DNI. 17.781.431