¡Qué eficaz se tornaría la defensa de los consumidores si se instalara el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia creado en 1999 por la Ley 25.159 todavía vigente! Una tarea encomendada por ella al PEN, que aún no cumplió, privando de imperium a las sanciones contra las conductas anticompetitivas, meollo del problema diario de los precios.

Además eliminaría la confusión creada por el reproche de los empresarios por falta de seguridad jurídica en las medidas políticas del gobierno contra los excesos. Sin perjuicio de la sustentabilidad que daría a los beneficios logrados por el interés económico general.

Por eso me preocupa la nueva apelación gubernamental a la Ley de Abastecimiento, de probada inocuidad contra los abusos monopólicos en rubros de gran contenido social, como combustibles, medicamentos, alimentos, etcétera. Y se evitarían los disgustos de propios y extraños por medidas del secretario Moreno, el tema del Indec o las concertaciones empresarias, porque aquella estructura judicial, autónoma y en manos de probos magistrados contaría con duras sanciones contenidas en dicha ley, que llegan hasta la disolución y liquidación de las sociedades infractoras.

Dardo Marchesini - Abogado

DNI Nº 5.866.772