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Lo admitió él mismo: envió agentes de la CIA a Yemen para asesinar a un ciudadano estadounidense, a su hijo adolescente y al hijo de un amigo. Ocurrió en 2011 y dijo que lo había ordenado porque su compatriota adulto instaba a combatir contra EE.UU. y que los jóvenes apenas fueron “un daño colateral” (www.washingtonpost.com, 14-2-13). Se conocía lo ocurrido, pero es la primera vez que el mandatario lo acepta abiertamente. Agregó que haría lo mismo cada vez que estuviera convencido de que matar a estadounidenses era necesario para salvaguardar la seguridad de EE.UU. El adulto del caso no tenía antecedentes ni había sido procesado o condenado por jurado alguno. En cambio, fue ejecutado extrajudicialmente por un drone (avión no tripulado) de la CIA.

El ex juez de la Suprema Corte de Nueva Jersey Andrew P. Napolitano opinó en The Washington Post que “el derecho internacional y el derecho en tiempos de guerra, a los que EE.UU. está sujeto por pactos (vinculantes), así como el derecho federal y los valores judeo-cristianos que subyacen en la Declaración de Independencia (que garantiza el derecho a la vida) y la Constitución (que permite la injerencia gubernamental con el derecho (a matar) sólo después de una declaración de guerra del Congreso o un debido proceso individual), todos establecen que la certeza de la identidad de un blanco humano, la veracidad en que se basa el deseo de su muerte, la percepción de su culpabilidad y un peligro inminente son insuficientes para justificar que el gobierno utilice una fuerza letal contra él. El presidente sólo puede ejecutarlo legalmente después del debido proceso o en defensa propia o declarando la guerra”. Se ignora qué peligro inminente representaban las víctimas a miles de kilómetros de distancia de EE.UU.

Muchos observadores se preguntaban de qué base militar despegaban –y despegan– los drones que lanzan sus misiles en Yemen, Pakistán y Somalia cobrando la vida de centenares de civiles, mujeres y niños incluidos. Algunos medios descubrieron que está localizada en Arabia Saudita. Jay Carney, vocero de la Casa Blanca, explicó: “Damos estos golpes porque son necesarios para mitigar amenazas reales, para terminar con los complots, para prevenir ataques futuros y, nuevamente, para salvar la vida de estadounidenses” (www.telegraph.co.uk, 6-2-13). No la de todos los estadounidenses, por lo visto.

Algunos militares y funcionarios de los servicios de inteligencia de alto rango han expresado su preocupación por esta clase de guerra. El general (R) Stanley A. McChrystal, ex jefe del Comando de Operaciones Especiales que tiene a su cargo los operativos con drones, dijo en una entrevista con la agencia informativa Reuters que éstos “podían ser útiles, pero despiertan ‘un odio visceral’ en los lugares donde se producen y contribuyen a una ‘percepción de la arrogancia estadounidense’” (www.nytimes.com, 5-2-13). Y, tal vez, al reclutamiento de más militantes de Al Qaida.

Un informe presentado recientemente a la Corte Suprema de Peshawar –centro administrativo de las áreas tribales de Pakistán– da cuenta de que en los últimos cinco años 147 ataques de drones en Waziristan Norte, una pequeña zona rural del tamaño de Long Island, causaron la muerte de 894 personas, entre ellas, 35 mujeres y 24 niños (www.thenews.com.pk, 14-2-13). La mayoría de las víctimas pertenecían a la tribu local y los jueces expresaron su insatisfacción porque el informe del fiscal no distinguía entre militantes y civiles no combatientes, datos que era imposible obtener, de manera que todos pasaron a integrar la larga lista de “sospechosos de terrorismo”.

Una encuesta del Pew Research Center revela que no le falta razón al general McChrystal acerca de la opinión exterior sobre los ataques con drones (www.people-press.org, 6-2-13). Mientras en EE.UU. los apoya un 62 por ciento, incluso en Gran Bretaña los desaprueba un 47 por ciento y en Alemania el 59 por ciento. Ni hablar de los países árabes: en Túnez los condenó el 72 por ciento de los encuestados, en Egipto el 89, en Jordania el 85. Hasta en países como Brasil y Grecia se registraron altos índices de rechazo: 76 y 90 por ciento respectivamente.

Cabe, sin embargo, matizar la posición de los interrogados en EE.UU.: el 81 por ciento se mostró muy preocupado o algo preocupado porque esos ataques ponen en peligro la vida de civiles (www.people-press.org, 11-2-13), el 65 por ciento manifestó mucho o algo de temor de que provoquen la represalia de los extremistas y el 57 consideró que dañan la reputación internacional de EE.UU. Al mismo tiempo, el 66 por ciento estimó que son perfectamente o bastante legales. Al parecer, no todos los estadounidenses conocen la Constitución estadounidense.