Fue como una palabrita “mágica”, que vino a remover el avispero, que alborotó los tribunales, las oficinas legislativas, las charlas de ascensor y de café. Cristina Kirchner dijo a mediados de diciembre que es imperioso “democratizar” la Justicia, y aunque nadie sabe exactamente qué tiene en mente, todo el mundo entendió que estaba hablando de cambiar la cultura y la lógica de la familia judicial –cerrada, vertical, burocrática, elitista–, ese poder del Estado que se ocupa de decidir sobre la vida y la libertad de la gente. La inquietud sobre cómo hacerlo activó tormentas de ideas en vastos sectores de tribunales y de la política. Algunas empiezan a definirse y preanuncian conflictos. El oficialismo en el Consejo de la Magistratura trabaja ya en desempolvar un viejo proyecto de reforma del Reglamento para la Justicia Nacional que establece que la única forma de entrar al Poder Judicial, incluso desde los cargos más bajos, sea por concurso y orden de mérito, impidiendo que los jueces hagan nombramientos a dedo por lazos de sangre, amistad, devolución de favores o simple favoritismo. En paralelo, desde lo alto de la Corte Suprema, anuncian que la redacción de un nuevo Reglamento está en camino, pero en manos de ellos, los jueces supremos. Hablan de una modificación más amplia, donde la apertura del ingreso es uno de muchos aspectos. La pelea por quién está facultado para cambiar el reglamento es histórica; ahora es paradójica: todos quieren democratizar. Es el espejo de los choques recientes entre la Corte (en especial su titular, Ricardo Lorenzetti) y el Gobierno.

La Presidenta lanzó al público la frase sobre la democratización judicial apenas se conoció la sentencia en el juicio por el secuestro de Marita Verón, que terminó en la absolución de todos los sospechosos. Pero era también eco de la discusión que se suscitó cuando en diciembre último la Asociación de Magistrados y la Junta Federal de Cortes –alentadas por algunos supremos– sacaron un comunicado denunciando presiones políticas al Poder Judicial, cuando era evidente que hablaban del Gobierno y la Cámara Civil y Comercial en la causa sobre la ley de medios. Un grupo nutrido de jueces, fiscales, defensores, funcionarios y académicos reaccionó con dos solicitadas en los diarios donde dejaban en claro que aquella expresión no los representaba, y que abogan por una “Justicia legítima” y que propone ahora redefinir “la independencia” judicial (y entenderla en relación con otros poderes, como el económico e incluso los medios), y hacer autocrítica, incluso sobre sus privilegios.

El debate sobre el Poder Judicial fue creciendo a lo largo del verano. El encuentro, que se hará los días 27 y 28 de febrero en la Biblioteca Nacional, impulsado por los firmantes de “Justicia legítima”, es un hecho sin precedentes, ya que hasta ahora la agenda que dictaba los supuestos temas de interés la manejaba en exclusiva la Asociación de Magistrados, con sus propios eventos y los de la Conferencia Nacional de Jueces, que convoca cada año la Corte. La presentación, la semana pasada, de un proyecto para que los jueces (y el Poder Judicial en pleno) paguen Impuesto a las Ganancias como cualquier hijo de vecino, reinstaló una polémica que la corporación judicial siempre se las ingenia para volver a freezar. La Defensoría General de la Nación (que brinda servicio de abogados gratuitos a quien lo necesita o lo elige) anunció que inauguraba el ingreso por concurso de empleados desde los rangos más bajos, porque para los más altos ya lo había implementado.

Abrir la puerta

La cuestión del “ingreso democrático” para convertirse en “pinche”, empleado o secretario en tribunales fue tema entre integrantes kirchneristas del Consejo de la Magistratura en los últimos días. Establecer concursos para los nombramientos es una de las iniciativas que no requerirían ni siquiera la sanción de una ley, sino la aprobación de nuevas reglas internas. En 2004 el entonces representante del Poder Ejecutivo Joaquín Da Rocha, presentó una propuesta que llegó a quedar aprobada en la Comisión de Reglamentación del organismo, pero hasta ahí llegó, ya que la Corte impidió que avanzara, con el argumento de que sólo ella puede dictar los reglamentos de la Justicia. Es un punto que, cíclicamente, cada tanto, la vuelve a enfrentar con el Consejo, donde se aferran al artículo 114 de la Constitución, que dice que este cuerpo se ocupará de “dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de Justicia”. Tras su aprobación en la Comisión de Reglamentación, el proyecto de reforma precisa el visto bueno del plenario del Consejo de la Magistratura. Para aprobarlo alcanza el voto de la mayoría simple de los presentes.

El proyecto de Da Rocha nunca quedó en el olvido. En noviembre último fue tema central de la revista Una Mirada Gremial, que publica la comisión interna del fuero penal y que tiene cierta impronta académica. Uno de los planteos era que los jueces hoy ni siquiera cumplen con la premisa de que los ascensos deberían otorgarse sin saltear peldaños (al de la “categoría inmediata inferior”). El kirchnerismo se propone ahora trabajar sobre aquel viejo texto, según anuncian consejeros del oficialismo a Página/12, siempre con la salvedad de que “nada va a avanzar hasta que la Presidenta lo ordene”. “Por ahora la instrucción es generar ideas, no sabemos incluso qué nos puede anunciar Cristina en la Asamblea Legislativa”, dicen.

¿Qué dice el proyecto de “ingreso a la carrera judicial”? Para ser empleado, prosecretario, secretario o personal de maestranza y oficios hay que presentarse a un concurso en el ámbito del Consejo de la Magistratura, y estaría a cargo de un comité evaluador integrado por un consejero que no sea juez, un representante de la Asociación de Magistrados y uno de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación. El kirchnerismo no está convencido con esa integración del comité, y la modificaría: con la Asociación el enfrentamiento es abierto; con el gremio la situación es complicada, ya que están a favor del ingreso por concurso pero en contra, por caso, de pagar Impuesto a las Ganancias.

Para ingresar al Poder Judicial, explica la propuesta, hay que rendir un examen, que será anónimo. Para los cargos más bajos se tomarán conocimientos generales; los aspirantes a secretarios tendrán que resolver un problema jurídico y responder cuestiones sobre la organización de un juzgado. Para integrar una lista de aspirantes hay que obtener más de 70 puntos sobre 100 (que abarcan conocimientos y antecedentes). Los nombramientos son por orden de mérito, pero –por ejemplo– si un juez tiene que nombrar secretario puede optar por un nombre entre los primeros diez. Quienes se presentan como personal de maestranza tendrán una entrevista y se les requiere nivel primario.

Las listas, con determinado orden de mérito, quedan vigentes por dos años. Cada vez que se libera un puesto, se puede convocar a alguien de esa nómina. La opción de elegir entre los primeros diez y no por el puntaje es cuestionada en tribunales, igual que el examen para los empleados de rango más bajo, que tal vez apenas empiezan sirviendo el café o haciendo mandados.

Quién corta el bacalao

“Seguramente vamos a tener que acordar algo con la Corte”, admite un consejero oficialista. En la Corte no se advierte, por ahora, demasiada predisposición a dialogar con ese cuerpo. Uno de los jueces supremos dijo a este diario que el tribunal viene discutiendo desde al menos octubre del año pasado una reforma del Reglamento para la Justicia Nacional que es mucho más amplio que el que plantea el Consejo, aunque incluye el diseño de un mecanismo de ingreso equitativo para trabajar en el Poder Judicial. La tarea está centralizada en manos del secretario general Alfredo Kraut, aunque en el texto trabajan secretarios letrados de todos los jueces. Ya hay borradores circulando, pero de todos modos Sus Señorías aún no se han puesto de acuerdo en grandes cuestiones, y la del ingreso por concurso es una de ellas. Algunos se oponen, por ejemplo, a que sean para todo el espinel, desde el rango más bajo, y piensan que debería limitarse a los secretarios.

“Lo que queremos plantear también es que todos los poderes del Estado tienen que hacer concursos, y que eso vale para la Anses, para Canal 7, para los directorios de las empresas públicas, todo”, advierten cerca de Lorenzetti, en respuesta al Gobierno, que focaliza la idea de democratizar en el Poder Judicial. El presidente supremo apura la redacción de las reglas remozadas, que deberían, luego ser aprobadas por el plenario de la Corte. Entre bambalinas cuentan que evaluó anunciarlas cuando haga su discurso de apertura del año judicial, el 26 de febrero, estratégicamente pautado un día antes que el encuentro de “Justicia legítima”, a quien –es bastante obvio– intenta marcarle la cancha, o torcerle la agenda, que incluye no sólo la cuestión del ingreso abierto, sino la independencia, las reglas éticas, la transparencia en el uso del dinero, el pago de impuestos y la participación ciudadana en los procesos judiciales, todos los temas más resistidos desde siempre por la corporación de los jueces.