Desde Río de Janeiro

En dieciséis días ocurrieron exactamente 101 ataques criminales en 30 ciudades de Santa Catarina, inclusive Florianópolis, la capital, que con sus poco más de 400 mil habitantes era considerada una de las más tranquilas del país. El pasado miércoles el gobernador del estado, Raimundo Colombo, se reunió con el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, para pedir ayuda. Y en la noche del viernes comenzaron a embarcar 350 hombres de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública para intentar contener la ola de violencia, la segunda en menos de tres meses, desatada desde los presidios por jefes de facciones criminales que se encuentran detenidos.

Los ataques serían, acorde a mensajes divulgados por abogados de los presos, una respuesta a torturas y malos tratos sufridos en las prisiones del estado. Su principal blanco son ómnibus del servicio municipal. Para el gobierno del estado, se trata de una respuesta a la transferencia de importantes cabecillas criminales para presidios en otros estados brasileños. Hubo dos atacantes muertos y un número indeterminado (pero pequeño, admiten las autoridades) de detenidos.

De todas formas, en Florianópolis, en los últimos días los ómnibus dejaron de circular a partir de las siete de la noche, y no aparecen antes de las siete de la mañana, perjudicando a gran número de trabajadores. Las escuelas públicas suspendieron las clases nocturnas en todo el estado, por no haber transporte.

Tanto el gobierno estadual como la intendencia de Florianópolis trataron que las empresas de autobuses asegurasen transporte por lo menos entre seis de la mañana y once de la noche, y ofrecieron asegurar escolta policial para circular por la ciudad. Pero los mismos conductores rechazaron la idea, por miedo a la violencia. Los autobuses son el principal blanco de los ataques. Por lo menos 38 fueron incendiados en la actual ola de violencia que sacude a Santa Catarina. En la mañana del pasado viernes un autobús de transporte escolar fue incendiado cerca de una estación de servicio donde estaba esperando por los alumnos de una escuela vecina.

Es la segunda ola de violencia en tres meses: en noviembre, ocurrieron 68 ataques en siete días. Tal como empezó, la acción criminal terminó sin que se lograse impedir que, desde los presidios, los jefes de facciones criminales asumiesen el control de la situación. En aquella ocasión 47 personas fueron presas y otras tres murieron en enfrentamientos con la policía.

Una de las misiones de las tropas enviadas a Santa Catarina por el gobierno federal será la de trasladar al menos veinte jefes criminales a presidios de seguridad máxima fuera del estado.

Los ataques son bien planeados. Ocurren en general por la noche o la madrugada, y en municipios de diferentes regiones del estado. Además de autobuses, automóviles del servicio público o particulares también son incendiados, así como también vehículos de la propia policía militar. La presencia policial fue reforzada en las calles de las ciudades más pobladas, pero hasta en pequeños pueblos donde no se registran crímenes de monta ocurren ataques. En los tres fines de semana desde la vuelta de la violencia ocurrieron más de un ataque por noche, y siempre en municipios distantes.

Luego de los primeros diez días de la actual ola, los presos hicieron llegar a un juez una lista de reivindicaciones: exigieron mejor comida, más higiene en las cocinas (los casos de intoxicación alimentaria se elevaron considerablemente en los últimos meses), 1200 nuevos colchones, material de higiene personal y médicos. El gobernador respondió que no aceptará negociar con quien está detenido. La violencia recrudeció.

Lo que ocurre en Santa Catarina es muy parecido a lo que suele ocurrir en San Pablo: el PGC (Primer Grupo Catarinense) es formado a partir del modelo construido por el PCC (Primer Comando de la Capital) dentro de los presidios paulistas. En ambos casos, las acciones se deben a las pésimas condiciones en que viven hacinados los presos, además de sufrir agresiones y torturas. Ahora mismo, a mediados de enero, fueron divulgadas imágenes grabadas por un teléfono celular mostrando agentes penitenciarios disparando balas de goma y lanzando spray de pimienta a presos acorralados contra un muro, desnudos y sin mostrar resistencia alguna. Eso ocurrió en la cárcel de la ciudad de Joenvile, y sería lo que activó la explosión de violencia determinada por el PGC.

La llegada de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública abre otro interrogante: ¿cómo controlar los 257 municipios del Estado? Una de las posibilidades –ninguna de ellas confirmada por las autoridades– sería colocar al menos una parte de los 350 hombres de la tropa dentro de los presidios, para intentar impedir que se propaguen órdenes de nuevos ataques. Lo que nadie logró detectar, en todo caso, es de cuál presidio salen esas órdenes. Ni cómo. O sea: la población de Santa Catarina sólo volverá a tener tranquilidad cuando, desde adentro de los presidios, salga una orden para suspender los ataques. Y esa orden seguramente no partirá de ninguna autoridad: tendrá que partir de algún jefe de la organización criminal que comanda las acciones que ocurren lejos de los muros de la prisión.