El gobierno de la provincia de Buenos Aires se propone conseguir hoy la sanción de una ley de agencias de seguridad privada que en el mejor de los casos permitirá la equiparación de los sistemas público y privado de seguridad y en el peor el establecimiento de verdaderos narcoejércitos. El sistema que se pretende aprobar a la disparada suprime restricciones al origen de los capitales y límites al número de efectivos y privilegia la sociedad anónima o la sociedad de responsabilidad limitada como forma societaria, lo cual oscurecerá la propiedad y disminuirá el control.

La autoridad de aplicación será un directorio de cuatro integrantes con diez años de estabilidad, es decir hasta dentro de dos o tres gobernadores. La difusión oficial presentó la ley como un mecanismo de control de patovicas, luego del asesinato de un adolescente en una discoteca de Lanús, y de habilitación de guardias vecinales desarmados. Sin embargo, suprime la exigencia actual de que los patovicas lleven uniforme y no porten armas.

Desde hace años se afirma la sospecha de que empresas de seguridad privada extranjeras, vinculadas con los servicios de informaciones de sus respectivos países, además de vender protección e inteligencia empresarial, realizan inteligencia política. El año pasado la estadounidense Kroll fue acusada de espiar a dos ministros del Brasil y en la Argentina el escribano Raúl Juan Pedro Moneta usó esos servicios para denigrar a quienes cuestionaban su estilo de hacer negocios. Así se abre la puerta también al modelo colombiano, brasileño o mexicano de los narcoejércitos.

El proyecto autoriza a las empresas de seguridad privada a fabricar su propio material, a instalar dispositivos electrónicos y transmitir señales, aunque formalmente siga prohibida la intercepción de comunicaciones. El gobierno sólo contaba el año pasado con quince personas para controlar a cerca de 800 agencias con 45 mil hombres. Aún así encontró irregularidades en el 94 por ciento de las que inspeccionó, con sofisticados armamentos y equipos de comunicación sin declarar.

Sumada a la reforma procesal penal que también podría tratarse hoy, esta ley constituiría el más grave retroceso en cuestiones de seguridad, justicia y derechos humanos desde la gestión del ex gobernador Carlos Rückauf y sus inolvidables ministros Jorge Casanovas, Aldo Rico y Ramón Orestes Verón. Esto hace injustificable el vertiginoso trámite que le imprimió el gobierno, con el propósito de evitar cualquier debate, sobre un tema que afectará la vida y la libertad de las personas.