El estrépito de las elecciones internas de republicanos y demócratas tapa algunas cositas: por ejemplo, los golpes que ambos partidos, juntos, asestan a las libertades democráticas estadounidenses desde el ámbito legislativo. Por 404 votos a favor, 6 en contra y 22 abstenciones, la Cámara de Representantes aprobó en el 2007 el proyecto de la ley de prevención de la radicalización violenta y del terrorismo local, ahora a examen del Senado. Las definiciones del texto producen cierto sobresalto. Véanse algunas asentadas en el párrafo A del artículo 899 (www.gov track.us/congress, 24-10-07).

“Radicalización violenta: el término ‘radicalización violenta’ se aplica al proceso de adoptar o promover un sistema de creencias extremista con el propósito de facilitar la violencia basada ideológicamente a fin de fomentar un cambio político, religioso o social.” Otra: “Terrorismo local: el término ‘terrorismo local’ se aplica al uso, el uso planeado o la amenaza del uso de la fuerza o la violencia por un grupo o un individuo nacido, formado o que opera principalmente dentro de Estados Unidos o de cualquier posesión del gobierno de Estados Unidos, la población civil de Estados Unidos o cualquiera de sus segmentos, con el objeto de alcanzar objetivos políticos o sociales”. Una más: “Violencia basada ideológicamente: el término ‘violencia basada ideológicamente’ se aplica al uso, el uso planeado o la amenaza del uso de la fuerza o la violencia por un grupo o un individuo a fin de promover las creencias políticas, religiosas o sociales del grupo o del individuo”. Casi nada.

Se supone que la ley está destinada a combatir el terrorismo interno, pero los únicos grupos que practican esa clase de violencia son fundamentalistas de derecha. Y no parece que éstos sean el objetivo. Sucede, entonces, que cualquier ciudadano norteamericano puede en cualquier momento ser sospechado de terrorista y acusado y procesado por su “mala” manera de pensar. La redacción del documento es vaga, imprecisa y su alcance, muy abarcador. No es casual: semejante ambigüedad permite multiplicar el miedo en procura de una obediencia incondicional a los dictados del gobierno. Finalmente, serán sus organismos policiales, de seguridad y de Inteligencia los encargados de aplicar la ley a voluntad. Si esto no es un rostro de los regímenes totalitarios que el mundo padeció y padece, el sol sale de noche.

En efecto: ¿qué será de la libertad de reunión, manifestación y petición, actividades que podrían calificarse de “uso planeado o amenaza del uso de la fuerza o la violencia... con el objeto de alcanzar objetivos políticos o sociales”? También peligra la libertad de prensa. En el párrafo B del artículo 899 se subraya: “El Internet ha contribuido a facilitar la radicalización violenta, la violencia basada ideológicamente y el proceso de terrorismo local en Estados Unidos al proporcionar a sus ciudadanos el acceso a los flujos nutridos y constantes de propaganda relacionada con el terrorismo”. Esto casa perfectamente con un plan del Pentágono elaborado en el 2003 y filtrado al público en el 2006: se titula “Hoja de ruta de operativos atinentes de información” y, entre otras cosas, propone “la degradación sutil de la red (de Internet) en vez de su destrucción” (www.information retrieval.info, 13-2-06). El mejoramiento de los operativos militares en este campo incluye “una serie de ofensivas vigorosas que comprendan la gama completa de los medios electrónicos y los ataques contra la red informática”. Tal cual.

En virtud del párrafo D del proyecto de ley de prevención de la radicalización violenta, etc., se crea un Centro de Excelencia que encarará el tema y determinará los procedimientos para combatir y castigar esos “delitos”. Pero el fragmento tal vez más ridículo del texto es el párrafo F del artículo 899, por el cual se encarga al Departamento de Seguridad Interior que vele por la aplicación de la ley “sin violar los derechos constitucionales, los derechos civiles y las libertades civiles de los ciudadanos de Estados Unidos y de los residentes permanentes legales”. Una tarea espinosa, tomando en cuenta que esa legislación permite al gobierno definir a gusto en qué consisten los delitos que ha de penalizar, incluida la mala costumbre de no pensar como la Casa Blanca.

Este proyecto cierra el círculo de hierro contra las libertades democráticas del pueblo estadounidense que comenzaron a forjar la Ley Patriótica y la Ley de Seguridad Interior, entre otras. “Si esta ley abominable se promulga, corren peligro todos los ciudadanos (de EE.UU.) y no sólo esos pocos individuos y extranjeros de los que habla el gobierno, sino todos nosotros”, señaló Gary D. Barnett, presidente de Barnett Financial Services, Inc., de Montana (www.fff.org, 1-2-08). Sí.