Grupos de choque, golpes y disparos parecen ser la nueva estrategia de empresas para ingresar en territorios indígenas en Neuquén, según denuncian las comunidades mapuches. La nueva modalidad se muestra desde hace un mes con extrema violencia en la localidad de Picún Leufú, a 140 kilómetros al sur de la capital provincial, donde la petrolera Piedra del Aguila ingresó por la fuerza en territorio ancestral, atacó a miembros de la comunidad y contrató a 40 personas que, bajo el rótulo de supuestos desocupados, reprimieron a las familias indígenas, mataron casi un centenar de animales, incendiaron dos viviendas y un vehículo, y sostienen un proceso de desgaste para expulsar a la comunidad del lugar donde siempre vivió. “El anterior gobierno (de Jorge Sobisch) y el actual (de Jorge Sapag) están del lado de la empresa, son sus cómplices”, denunció Juan Carlos Curruhuinca, lonko de la comunidad Wentru Trawel Leufú (Hombres del Río Reunidos, en lengua originaria). Leyes provinciales y nacionales legislan que la explotación de los recursos naturales en tierras indígenas debe contar con la aprobación de las comunidades afectadas.

En enero de 2007, el gobierno de Jorge Sobisch otorgó a la petrolera Piedra del Aguila la concesión de 2000 hectáreas en la región de Picún Leufú, un pueblo de dos mil habitantes, a 60 kilómetros de El Chocón. En el lugar vive desde mediados del siglo pasado la comunidad Wentru Trawel Leufú, integrada por 42 personas. En marzo último, la empresa llegó hasta el lugar y reclamó la tierra como propia, pero la comunidad le prohibió el ingreso. En julio volvieron y ofrecieron dinero para obtener permisos de exploración y extracción. “La actividad petrolera es opuesta a nuestra forma de vida. No autorizamos”, fue la respuesta unánime.

A los quince días, la táctica mutó. La empresa publicó una solicitada donde culpaba a la comunidad por la paralización de las obras, el retraso de inversiones y, sobre todo, la responsabilizó por la pérdida de supuestos puestos de trabajo para el pueblo. El intendente local, Facundo Suárez, cargó contra los mapuches. Igual actitud tomó el Concejo Deliberante. En un colectivo de la petrolera trasladaron a 40 personas que, argumentando ser desocupados, ingresaron en la comunidad, contaminaron pozos de agua, realizaron disparos al aire y comenzaron a oficiar de policía privada para que la petrolera comenzara con sus trabajos.

Luego sobrevino el incendio de dos casas y un auto de la comunidad, y una fuerte campaña local y provincial para responsabilizar a los mapuches por trabar supuestas inversiones petroleras. “Estamos atrapados, casi no podemos salir de nuestras parcelas, y en el pueblo nos golpean los guardias armados de la petrolera, nos amenazan de muerte. Están dentro de nuestra tierra, con sus casillas y matones que se hacen pasar por desocupados, nos han carneado casi cien chivas. Petrolera, gobernación, jueces y policías hicieron una alianza para repartirse nuestro territorio, no respetan nuestros derechos”, denunció desesperado el lonko Juan Carlos Curruhuinca.

A mediados de enero, los medios provinciales difundieron un sorpresivo acuerdo entre las partes. Pero al día siguiente, la comunidad denunció que el intendente de Picún Leufú, Facundo Suárez; el ministro de Gobierno, Jorge Tobares; y el representante de la empresa, Santiago Gastaldi, montaron una reunión donde, bajo presión y sin permitirles leer el acta, los obligaron a firmar. “Es una muestra del manejo mafioso que tienen”, afirmó el lonko.

El ministro de Gobierno, Educación y Cultura de Neuquén, Jorge Tobares, no respondió los llamados de este diario. La empresa Piedra del Aguila cuenta con un solo celular de contacto, a nombre de Gabriel Obrador, supuesto presidente del directorio, pero no responde los llamados. En los sitios especializados en la actividad petrolera, sólo se señala que Piedra del Aguila fue fundada en octubre de 2006 (sólo dos meses antes de que el gobierno de Jorge Sobisch le diera la concesión en Picún Leufú), opera sólo en Neuquén y la publicidad corporativa se ufana de poseer “uno de los mejores equipos de trabajo de exploración”. También remarca que se caracteriza “por su eficiencia y agilidad en sus operaciones”.

La Iglesia local, a través de los curas de Zapala y Las Coloradas, exigió al Gobierno que “reconozca el derecho territorial mapuche. Y, ante el reiterado enfrentamiento con supuestos desocupados, nos preguntamos si estas personas realmente responden a decisiones e intereses propios o más bien son financiados y mantenidos para quebrar la resistencia de la comunidad mapuche”.

Las comunidades de Neuquén se encuentran en alerta ante el accionar de propietarios particulares y empresas que contratan grupos de choque (a través de punteros políticos y sindicatos) para amedrentar a campesinos e indígenas. En noviembre pasado, en Villa La Angostura, guardias privados y una familia con tres décadas de posesión cruzaron disparos. A la semana siguiente, el ex policía neuquino Rubén Aguilar reconoció que lo habían contratado para “destruir todo” y se quejó porque no le pagaron. También reconoció que la patota armada estaba conformado por sindicalistas mercantiles de Bariloche.

En junio de 2007, la petrolera estadounidense Apache Corporation llevó a juicio a la comunidad Lonko Puran, ubicada a 30 kilómetros de Cutral-Có, porque ésta no le permitió ingresar en territorio ancestral. Durante años, hubo amenazas e intentos de la empresa (en ese momento llamado Pionner) de ingresar por la fuerza. En la sentencia, el tribunal neuquino falló en favor de los mapuches, e indirectamente, estableció que esa explotación debe ser negociada con los habitantes ancestrales de esa tierra.

El artículo 75 de la Constitución Nacional, el artículo 53 de la Constitución de Neuquén y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (pacto internacional que Argentina suscribió) legislan sobre el reconocimiento de los territorios comunitarios y remarcan la obligación de “asegurar la participación indígena en la gestión de sus recursos naturales”. A pesar de las tres normas, la jueza neuquina Graciela Blanco rechazó un amparo de la comunidad de Picún Leufú y autoriza a la petrolera Piedra del Aguila a ingresar en territorio indígena.