Domingo, 10 de febrero de 2008 | Hoy
EL PAíS › EL CASO DE LOS AUTOS DIPLOMATICOS
El juez que investiga los coches nacionalizados irregularmente puede estar preparando las primeras órdenes de detención. Ya allanó Cancillería y las concesionarias, y está armando un caso muy duro.
Por Raúl Kollmann
En los tribunales de Avenida de los Inmigrantes, donde funciona el fuero Penal Económico, hay mucha expectativa. Quienes conocen al juez Jorge Brugo, a quien apodan “el cowboy del Penal Económico”, sugieren que el magistrado podría ordenar detenciones en la causa de los autos ingresados al país usando en forma irregular las franquicias para diplomáticos. Y, además, dicen que también podría disponer la incautación de vehículos. Brugo, quien tiene un fuerte reconocimiento en Tribunales, no se anduvo con chiquitas en los primeros días en que tuvo a su cargo la causa: ya allanó Cancillería, se llevó varias computadoras y sobre el fin de semana allanó concesionarias y domicilios de las personas que les vendieron los superautos a sus actuales titulares. Este diario pudo constatar que los intermediarios ya abandonaron los lugares que solían frecuentar y no falta el que ya dejó su domicilio.
El delito que se investiga es el de contrabando agravado, que consiste en utilizar un ardid para ingresar bienes al país esquivando el pago de los gravámenes que corresponden. Como en la maniobra intervinieron funcionarios públicos, del área de Ceremonial de la Cancillería, la pena iría de cuatro a diez años de prisión y para muchos jueces es no excarcelable. En el centro de la tormenta hay varios protagonistas:
- Tres intermediarios, que algunos llaman gestores, que serían el vínculo entre los compradores argentinos, los diplomáticos que vendían las franquicias entre diez y veinte mil dólares, y los funcionarios de Cancillería que cobraban, según se dice, dos o tres mil dólares por autorizar franquicias para vehículos como las camionetas Hummer o los deportivos Porsche que evidentemente no eran para uso en actividades diplomáticas. Los tres intermediarios investigados son Pablo Rodríguez, señalado como el principal operador, Néstor González y Gregorio Briongos.
- Las concesionarias, varias de ellas allanadas el jueves. Minujen, Manrique Automotores, Machines, son algunas de las empresas en las que se secuestró documentación referida a autos ingresados a la Argentina con franquicias diplomáticas.
- Algunos de los actuales titulares de los vehículos, en especial los que recibieron el auto inmediatamente después de ingresado al país. Ello probaría que las unidades fueron traídas a pedido y por lo tanto habría participación de esos titulares en el contrabando. También quedarán en la mira los que conducían autos con un poder otorgado por algún diplomático.
Según explicó a este diario un veterano magistrado, Brugo asiste a una especie de ping pong entre los protagonistas.
- Los intermediarios sostienen que los autos nunca estuvieron a su nombre y que quienes vendieron las unidades fueron las concesionarias. Ellos –según su argumento– sólo actuaron como gestores.
- Las concesionarias afirman que les trajeron los vehículos para vender al público y que no tuvieron nada que ver con el ingreso al país. En eso derivarán la responsabilidad en los gestores y los diplomáticos.
- Los titulares dicen que compraron de buena fe y que no tienen por qué saber cómo son los requisitos para que un auto diplomático se nacionalice.
En los Tribunales de avenida De los Inmigrantes el rumor es que todos podrían ser acusados, incluyendo los diplomáticos que participaron de la maniobra y los funcionarios de Cancillería que le dieron curso al uso de franquicias obviamente irregulares. “Uno tiene que mirar las cosas con sentido común –sostuvo el veterano juez que fue consultado por este diario–. Si hay una ofensa al sentido común, debe encenderse la luz roja. Por ejemplo, una diplomática que dice que vendió cinco autos, entre ellos una camioneta Hummer que obviamente no era para las relaciones diplomáticas, eso ofende al sentido común. Si en una dependencia oficial de la Cancillería se pierden los expedientes de los vehículos, eso ofende al sentido común. Si lo que se percibe es que hay alguien que operó diciendo ‘yo pongo la plata, vos ponés la franquicia, traemos un coche y nos ganamos 20.000 dólares’ ofende al sentido común que se diga que es una operación legal. Por eso, en esta causa, como en las demás, todo va a depender de la sana crítica del juez que adjudicará las responsabilidades según lo que perciba de la actuación de cada protagonista. El magistrado, sobre la base de la documentación, interpretará quién miente.”
No son pocos los que recuerdan el caso del uso irregular de franquicias para discapacitados. Allí fueron condenados los operadores –José “Cacho” Steimberg falleció, pero su hijo resultó inculpado–, varias concesionarias, varios gestores, algún escribano y varios ricos y famosos que se quedaron los vehículos. Quienes conocen a Brugo auguran que no le temblará el pulso en ordenar detenciones. Es más, en los pasillos de Penal Económico se dice que actuará rápido. También se murmura que podría ordenar la incautación de vehículos porque puede evaluar que tal o cual titular se está beneficiando del producto de un contrabando. “Brugo va al frente y más ahora que se jubiló, pero volvió por la necesidad de magistrados que hay en los juzgados. Acuérdese que en una época no había fuerza que le pudiera dar custodia. Es que Brugo ya había denunciado a todas y cada una de las fuerzas de seguridad”, concluyó el experimentado juez que conoce, casi como nadie, el fuero Penal Económico.
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