La aplicación de aumentos de tarifas a los consumidores residenciales de Edenor, Edesur y Edelap se ha venido postergando desde hace por lo menos dos años, cuando el Gobierno firmó el compromiso de diseñar un “reordenamiento tarifario integral” con las concesionarias a cambio de que desistieran de sus demandas en el Ciadi (tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial). Sin haber resuelto un cambio estructural en el sistema de generación y distribución eléctrica, las autoridades nacionales vuelven a estar frente al mismo problema: reconocer al menos parte de lo que las empresas le reclaman, o seguir destinando fuertes sumas a subsidios para hacer obras y pagar la operación allí donde el sector privado eluda hacerse cargo.

Tratando de salir parcialmente de la segunda alternativa –durante 2007 el Estado pagó 4600 millones de pesos para cubrir diferencias de costo en generación–, y optando en parte por la primera, el Ejecutivo estudia la forma de ajustar las tarifas sin provocar con ello un alto costo social. El ministro Julio De Vido habló el viernes de “reacomodar” tarifas conforme a los acuerdos alcanzados con las empresas. En tiempo y forma, ello hubiera supuesto ajustar las tarifas eléctricas este mismo mes de febrero. Con alguna demora, en fuentes oficiales se asegura que las modificaciones se llevarán a cabo en pocas semanas más. El asunto, sin resolver aún, es cómo.

De los tres sectores en que se divide el sistema eléctrico, la distribución de jurisdicción nacional (la que opera el área metropolitana) es la única que plantea, como hipótesis de conflicto, volver a los tribunales internacionales. Reclama que se cumpla el compromiso de ajustar integralmente las tarifas. Pero con los aumentos ya autorizados sobre los clientes industriales y comerciales, no son pocos los expertos que consideran que “le cierran los números y le queda plata en caja”, tras cubrir los costos de operación y mantenimiento. El transporte está funcionando sin dificultades ni quejas. La generación enfrenta algunas restricciones, pero no se aflige, mientras el Estado le siga subsidiando, generosamente, las diferencias de precio cuando vende y los mayores costos de operación cuando debe utilizar fuel en vez de gas.

La propuesta que presentó Fundelec (ver nota central) es, entre las varias en estudio en despachos oficiales, la que concita mayor entusiasmo. Desde la Secretaría de Energía, que comanda Daniel Cameron, la consideran la más plausible, ya que carga el costo del ajuste sobre aquellos que son considerados “responsables principales” del aumento de la demanda, son los que proporcionalmente pagan menos y los que económicamente tienen mayor capacidad de pagar una mayor tarifa sin sacrificios.

“En su momento, congelar las tarifas tuvo su justificación, lo malo es que persista, porque a la larga terminó siendo un subsidio para los ricos”, sostuvo un especialista que ocupó lugares relevantes en el sector. “Se alentó la demanda de gente de alto poder adquisitivo con una tarifa residencial regalada, mientras no había inversión para atender ese crecimiento”, se explayó. “Tenemos que corregir esa distorsión, aumentando tarifas a los que más tienen; subirle al que menos tiene no resolvería nada, es una facturación muy poco significativa”, sostuvo, práctico y concluyente.