A un chico de 12 años un policía lo detuvo días atrás mientras andaba en bicicleta por una avenida, en una zona de quintas, a unas treinta cuadras del centro de esta ciudad, y le preguntó la edad y dónde vivía. Como el nene no tenía documentos para corroborar sus años, el uniformado le ordenó que volviera a su casa. El hecho parece insólito, pero ocurrió hace algunas semanas en esta ciudad y le pasó al hijo del diputado provincial socialista Adrián Peppino y de Mariana Iglesias, una militante feminista. Es que en esta ciudad, por orden del intendente peronista Juan Carlos Tierno, los menores de 12 años no pueden andar en bici por la calle. Y los uniformados se encargan de que se cumpla. Esta es una de las diversas disposiciones lanzadas por el jefe comunal desde que asumió y que han puesto a una parte de la sociedad de Santa Rosa en jaque, que lo cuestiona por “autoritario” y reclama su renuncia.

Recién se cumplen dos meses de su llegada a la intendencia de la capital pampeana, y Tierno ya enfrenta una crisis institucional: la oposición no da quórum para que sesione el Concejo Deliberante y, cada viernes, una movilización multisectorial –algunos gremios, vecinos autoconvocados, artistas, partidos de izquierda y la Juventud Radical– vociferan “que se vaya” desde la plaza San Martín, frente al Palacio Municipal, hasta la gobernación, a unas diez cuadras de ahí. La última marcha, dos días atrás, reunió a más de un millar de personas bajo la lluvia. Se oponen al tarifazo inconsulto que decretó y le cuestionan una serie de medidas signadas por la “mano dura” que ha dictado en las últimas semanas: sacó a pibes “lavacoches” que se ganaban unos pesos frente a la Catedral, aumentó las tasas de servicios y las multas de tránsito, clausuró locales y secuestró vehículos, por fuera de las atribuciones municipales. Y dispuso la realización de un censo, casa por casa, que incluye preguntas sobre datos “sensibles”, como los ingresos, y advirtió que quien no se avenga a contestarlo tendrá trabados los trámites en la comuna.

Tierno ganó la elección con casi el 40 por ciento de los votos: le sacó unos 2000 votos de ventaja a Franciso Torroba, el candidato del Frepam, la coalición opositora que reúne al radicalismo, el socialismo, MID, resabios del Frente Grande y sectores independientes. Torroba sacó el 35 por ciento de los sufragios. Hombre alineado con el ex gobernador Juan Carlos Verna, en la interna del PJ Tierno se impuso al candidato del senador Rubén Marín e intendente saliente.

“No estamos en contra de Tierno: estamos a favor de la legalidad y la institucionalidad”, quiere dejar en claro Gastón Massari Copes, concejal del Frepam. En el Concejo Deliberante hay paridad de fuerzas: el PJ tiene 6 ediles y otros 6 el Frepam. Massari Copes explica que no dan quórum en las sesiones extraordinarias convocadas por Tierno, como último recurso para resistir ante sus “atropellos”: no quiso discutir y consensuar el Presupuesto para 2008 y lo incrementó de 57 millones de pesos a 107 millones sin someterlo a la votación del cuerpo legislativo. “Su Presupuesto es ilegítimo e inconstitucional: si no se aprueba en el Concejo Deliberante tiene que prorrogar el del año anterior. No nos quiso mostrar el esquema de costos ni sus secretarios aceptaron brindar informes sobre los gastos previstos en cada área. Si no entra en razones pensamos avanzar judicialmente”, advirtió Massari Copes. Tierno también sacó por decreto –en realidad es una resolución ad referendum del Legislativo– la Ordenanza Tarifaria que incluye aumentos en las multas de tránsito del 1000 por ciento: por no pasar el test de alcoholemia, un conductor deberá pagar ahora 8000 pesos (antes el monto estipulado era de 800 pesos). “Eso es confiscatorio. La multa tiene que ser severa, no lo discutimos, pero tiene que tener coherencia”, opinó el edil. Por conducir sin licencia la multa es ahora en Santa Rosa de 660 pesos, contra los 66 que se venían cobrando.

En otras infracciones las subas llegan al 12 mil por ciento. Tierno también dispuso incrementos de los servicios que oscilan entre el 49 y el 80 por ciento, según el rubro. Los vecinos ya están recibiendo las boletas con los aumentos. Y con indignación descubrieron que les facturaron los consumos de noviembre y diciembre –de agua– con los incrementos dispuestos por resolución del intendente el 17 de enero. “Esto es grave. Están cobrando el aumento retroactivamente. Estamos analizando una presentación judicial con Adecua (Asociación de Defensa de Consumidores y Usuarios de Argentina)”, señala Massari Copes.

“No crecieron los índices de inseguridad pero quiere crear un estado parapolicial”, dijo el edil. Entre las medidas que le cuestionan al intendente figura la creación de una policía municipal con 300 miembros, desarmados, que ya circulan por las calles de la ciudad con remera azul oscuro. “En el Presupuesto de Tierno, la seguridad se lleva 9 millones contra 14 millones asignados a la Secretaría de Participación Comunitaria y Acción Social, que incluye los programas sociales, los centros comunitarios, planes sociales y programas de nutrición escolar, entre otros”, detalla Massari Copes. A él, Tierno lo acusó de “sedicioso, subversivo y desestabilizador”.

Los artistas le han declarado la guerra luego de que anunciara que pondría aulas para formar a los policías comunitarios en el Centro Municipal de Cultura. Tierno dio marcha atrás y asegura que no lo va a desmantelar, pero los artistas no le creen. El miércoles último, frente al edificio donde venían funcionando talleres y una escuela de música, hicieron un festival para repudiar su política bajo la consigna “el arte no se calla”.

Entre los aumentos en las multas, hay algunos que merecen destacarse: le puso particular acento a una disposición de la última dictadura militar que sanciona “la incitación al libertinaje o al atentado contra la moral o las buenas costumbre, mediante palabras, gestos o acciones de cualquier naturaleza en la vía pública o en locales de acceso público o en domicilios privados cuando trasciendan a la vía pública o a la vecindad”. Por la violación de este artículo, el inciso 4º del 95º de la Ordenanza Tarifaria, está prevista una multa de 5000 pesos. Con el mismo monto piensa castigar “el abuso de la credulidad pública por adivinaciones”, contemplado en el inciso 8º del mismo artículo. Entre otras medidas, también prohibió la venta de bebidas energizantes a menores de 18 años y limitó su expendio en toda la ciudad a las farmacias, aumentó el estacionamiento en las calles del centro de Santa Rosa, de 50 centavos a 5 pesos ¡la hora! Y realiza en persona razzias en boliches nocturnos para controlar que se cumplan los límites de edad permitidos para el ingreso y la prohibición de venta de alcohol a menores. Obsesionado con el control de tránsito, suele participar de operativos y –por fuera de las normativas vigentes– los agentes tienen orden de secuestrar vehículos cuando su conductor no cumple con toda la documentación requerida.

“Hacen falta controles, pero no se puede atentar contra las libertades. Eso no tiene nada que ver con la democracia”, opina un comerciante del centro de Santa Rosa, Nelson Ranoccha, mientras se suma, tímidamente, a la movida de los artistas contra Tierno.

Las opiniones sobre su gestión están divididas: “Tendría que ser más duro”, dice una señora sesentona, que prefiere no identificarse, mientras camina cerca de la plaza San Martín, cuando la interroga esta cronista. Un subsecretario de un juzgado, que también prefiere ocultar su nombre, también lo apoya: “Los que están en contra son todo el ‘negraje’, los que viven al margen”, define el hombre que no puede ocultar sus prejuicios. “La juventud está hecha pelota, sin control. A las adolescentes, de 14 o 15 años las ves salir de los boliches en pedo, es una juventud que está hecha pelota. Y si les preguntás a los padres, no saben dónde están”, sigue el funcionario judicial, canoso, de jean y camisa blanca. Como quiso imponer y no pudo cuando era ministro de Gobierno y Seguridad del gobernador Verna, entre 2003 y 2006, pretende perseguir a los padres por los delitos o infracciones de todo tipo que cometan sus hijos menores de 18 años. En aquel momento, los jueces resolvieron no cumplir la imposición por “inconstitucional”. Ahora, Tierno arremetió con la misma idea: en la extensa Ordenanza Tarifaria estableció en el inciso 15º del artículo 95º castigar con una multa de 5000 a 10.000 pesos “a padres, tutores y guardadores legales de menores de 18 años por el consumo de éstos de bebidas y sustancias prohibidas como así también perjuicios a bienes públicos o privados”.