Entre la urgencia de encontrar un esquema de “readecuación” de tarifas para el consumo eléctrico (ver aparte) y la intención de no impactar negativamente con el ajuste en el bolsillo de las mayorías, el Gobierno analiza una alternativa que ya muchos consideran la más factible para cumplir ambos objetivos a la vez: la creación de una nueva categoría de consumidores, R3, para las demandas de más de 1000 Kw/hora por bimestre, cuya tarifa se elevaría para compensar en parte los costos de infraestructura que requiere un consumo creciente. Su aplicación alcanzaría a las distribuidoras del área metropolitana (Edenor, Edesur y Edelap) y surge de un estudio encargado por el Ministerio de Planificación para analizar distintas alternativas de recomposición tarifaria.

“La estructura tarifaria de las distribuidoras eléctricas de jurisdicción nacional –área metropolitana– (cuyos clientes) concentran aproximadamente el 40 por ciento de la demanda (de todo el país), tiene desequilibrios por los cuales los hogares de mayor consumo pagan mucho menos que los de menor consumo”, señala uno de los puntos centrales del Informe sobre Recomposición Tarifaria Eléctrica, elaborado por la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec). La premisa del documento, al que accedió en exclusiva Página/12, es sencilla: en la zona del país con mayor consumo eléctrico la tarifa es hasta 83 por ciento más barata que en el Interior (antes de impuestos), y lo que es aún más llamativo, los bajos precios en Capital Federal y el conurbano favorecen a aquellos que más gastan. “Lo que sugerimos es que se estudie una recomposición del cuadro tarifario para estas tres empresas y para el nivel residencial, que incluya una reestructuración de las categorías de consumo”, explicó a este medio Oscar Dores, director de Fundelec.

Actualmente, las tres compañías cuentan con un régimen que categoriza los consumos residenciales de hasta 300 KW/h por bimestre como T1-R1, y a los que superan los 300 bimestrales, como T1-R2. La tarifa eléctrica se compone por un cargo fijo y otro variable: el fijo, destinado a mantener la infraestructura del sistema para el conjunto de usuarios; y el variable, que cuantifica el gasto. Es decir, que al pagar la factura, el cliente abona un gasto fijo de mantenimiento –igual para todos– y un costo variable según la electricidad consumida.

Según los especialistas, el problema de este sistema radica en que, al crecer la demanda residencial en forma explosiva en los últimos años, la curva que relaciona precio y consumo “se volvió inadecuada”. Dicho de otro modo: quien elevó significativamente su consumo es el que obliga a invertir en infraestructura para atender la demanda total, y en cambio su tarifa por unidad consumida se volvió más barata.

El impacto económico de esta disparidad no surge cuando se compara una factura de 290 KW/h (T1-R1) con una de 310 KW/h (T1-R2), sino con aquellos clientes que, aprovechando la tarifa baja, gastan en demasía. Y esto sucedió en muchas grandes propiedades que encontraron más conveniente acondicionar climáticamente sus ambientes mediante artefactos eléctricos, en vez de encarar obras para las instalaciones de gas. “Una demanda residencial de 1700 KW/h por bimestre, basado en el uso intensivo de electrodomésticos de gran consumo, queda totalmente desproporcionado respecto de la infraestructura necesaria para abastecerlo”, cita el estudio mencionado.

Los números grafican la cuestión: quien consume 280 KW/h (T1-R1) bimestrales paga, sin impuestos, $ 26,57; un usuario de 320 KW/h (T1-R2), $ 29,69; mientras que alguien que consume 1700 KW/h (T1-R2), desembolsa $ 87,65. Es decir, por un consumo que es seis veces el del primero, se paga 3,3 veces lo que abona aquél.

Ante este panorama, claramente perjudicial para aquellos con menores consumos, Fundelec rastreó la estructura tarifaria de distribuidoras públicas, privadas y cooperativas del Interior. Basándose en ello, elaboró un estudio elevado al Gobierno en el que propone se instale una nueva categoría residencial en la factura eléctrica para el Area Metropolitana: el Usuario R3, para todos aquellos que consuman por sobre los 1000 KW/h bimestrales. A través del mismo, propone, se intentaría lograr un mayor “equilibrio que aporte justicia respecto de los niveles de consumo, acercando el costo de la energía al nivel de gasto eléctrico”.

Más allá de la históricamente cuestionada brecha entre el precio de la energía distribuida en las diferentes provincias, el Interior del país (inclusive algunas zonas de la provincia de Buenos Aires) aventaja al área metropolitana en “justicia social”, con cuadros tarifarios que contemplan un abanico de posibilidades de suministro residencial, de acuerdo con el consumo y la capacidad de pago. Hoy, 17 distribuidoras eléctricas, de las 28 principales que hay en el país, tienen tres o más categorías para definir el gasto domiciliario; las 11 restantes sólo dividen a los residenciales en dos.

Algunas jurisdicciones, como Tucumán, tienen cinco categorías: EDET distingue a los que utilizan hasta 200 KW/h (siempre bimestrales); de 201 a 300 KW/h; de 301 a 600 KW/h; de 600 a 900, y más de 900 KW/h. En menor medida, las tres empresas que atienden el Interior el Norte, Sur y costa atlántica bonaerense (EDEN, EDES, EDEA) separan a los residenciales en cuatro, con tarifa especial para quien supere los 800 KW/h; mientras que compañías eléctricas de propiedad de los estados provinciales, como Córdoba (EPEC) y Santa Fe (EPE), cuentan con tres categorías.

Especialistas del sector y voceros de las distribuidoras en el Interior defienden este criterio de segmentación de la tarifa, sosteniendo que no debe ser interpretada como “un castigo por consumir más; la idea es que aquellos que necesitan un mayor consumo puedan acompañar con un costo más acorde, para mantener la infraestructura necesaria sin recargar esa responsabilidad únicamente en quienes menos consumen”. Así, sostienen, “se equilibran las diferencias en el cálculo y no se perjudica indirectamente al que cuida el recurso”.

Este mismo criterio es el que, ahora, está empezando a cosechar adeptos en los despachos oficiales.